Informe Mundial de Human Rights Watch 2019 expone situación de opositores y sociedad civil en Cuba

Las prácticas de derechos humanos en más de 100 países, fueron analizadas por la 29ª edición del Informe Mundial de Human Rights Watch, entre ellos el reporte de 2019, tuvo en cuenta el caso de Cuba, reporta Martí Noticias.

Human Rights Watch recogió los arrestos arbitrarios, los encarcelamientos a opositores y a miembros de la sociedad civil de corta duración en la Isla, el tema de la libertad de expresión, las condiciones de los presos políticos, los derechos laborales, la orientación sexual e identidad de género, así como la situación de los defensores de los derechos humanos, y el papel de los actores internacionales.

Tomado de Martí Noticias, presentamos a continuación el texto completo del apartado del informe sobre el país caribeño, titulado: «Cuba, eventos 2018»:

El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor que en 2017, pero igualmente alta, y hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2018. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos.

El 19 de abril, tomó posesión en Cuba un nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, quien reemplazó a Raúl Castro. Castro continúa siendo el líder del Partido Comunista y mantuvo su escaño en la Asamblea Nacional.

El 22 de julio, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una propuesta de reforma constitucional, que está previsto sea sometida a referéndum nacional el 24 de febrero de 2019. La nueva constitución, que reemplazaría a la adoptada en 1976, eliminaría el objetivo de “edificar la sociedad comunista”, pero mantendría el reconocimiento del Partido Comunista como la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

Detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración

El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración, que aumentó de manera drástica entre 2010 y 2016 —de un promedio mensual de 172 incidentes a 827—, empezó a descender durante 2017, según datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, una organización independiente de derechos humanos que es considerada ilegal por el gobierno.

La cantidad de denuncias de detenciones arbitrarias siguió disminuyendo en 2018, y entre enero y agosto fue de 2.024. Esto supone una reducción del 45% respecto de los 3.706 casos informados en ese mismo período en 2017.

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva.

A menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Policías y agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a miembros de las Damas de Blanco (la organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos) antes o después de asistir a la misa de domingo.

En marzo, el ex preso político Iván Hernández Carrillo informó haber sido golpeado con violencia y detenido cuando intercedió para que no detuvieran a su madre, Asunción Carrillo, integrante de las Damas de Blanco, en el momento en que ella salía de su casa para ir a misa. Hernández dijo haber sido acusado —tras gritar “¡Abajo Raúl Castro!”— y multado por “desacato a la figura del máximo líder”. Los Carrillo fueron liberados ese mismo día.

El 3 de agosto, el disidente José Daniel Ferrer, quien fundó la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en 2011—al ser liberado tras ocho años en prisión— fue detenido junto con el activista Ebert Hidalgo y acusado de “asesinato en tentativa” cuando el automóvil que conducía atropelló a un funcionario del Ministerio del Interior. Diversos activistas han señalado que los cargos son una farsa, y varios testigos sostienen que el funcionario se arrojó delante del automóvil deliberadamente, y que inmediatamente después se puso de pie y se alejó en su motocicleta. Al ser liberado, 12 días más tarde, Hidalgo señaló haber sido sometido a torturas psicológicas y retenido en condiciones severas en una celda oscura y sucia.

En septiembre, la disidente Arianna López Roque fue detenida por un corto lapso tras haber quemado una copia del nuevo proyecto constitucional. López indicó que se le han imputado los delitos de desorden público, desobediencia, resistencia y desacato, y que un funcionario amenazó con tomar represalias contra su esposo, que actualmente está encarcelado.

Libertad de expresión

El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. El gobierno bloquea sistemáticamente el acceso a estos sitios webs dentro de Cuba y solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo. En septiembre de 2017, Cuba anunció que ampliaría progresivamente los servicios domiciliarios de Internet.

Los periodistas independientes que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, campañas de desprestigio, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se mantenga incomunicados a periodistas, al igual que a artistas y académicos que reclaman mayores libertades. Se siguen aplicando las leyes de desacato contra opositores.

​​El 30 de enero, la periodista Iris Mariño García, que trabaja para el medio La Hora de Cuba, fue acusada penalmente por ejercicio del periodismo sin habilitación. El director del medio indicó que una mujer acusó a Mariño de haberla entrevistado en la calle y que, cuando la policía interrogó a Mariño, los agentes se enfocaron en las encuestas de opinión que realiza el periódico, lo cual evidencia la motivación política detrás de su detención. Mariño fue detenida nuevamente cuando intentó tomar una fotografía de la manifestación de trabajadores del 1ero de mayo. Fue llevada a una dependencia policial e interrogada.

En julio, el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, cuyo trabajo se publica en el sitio de noticias Cubanet, permaneció detenido e incomunicado por 58 horas. La policía allanó su vivienda y confiscó sus computadoras, teléfonos y otros artículos.

En abril de 2018, el presidente Díaz-Canel firmó el Decreto 349, que se espera entre en vigor en diciembre de 2018, en el que se establecen restricciones amplias e imprecisas a la expresión artística. La norma establece que no se permite la “prestación de servicios artísticos” en espacios públicos o privados sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura. Quienes contraten o realicen pagos a artistas por servicios artísticos que no tuvieran la correspondiente autorización podrán ser objeto de sanciones, al igual que los propios artistas. El decreto prevé distintas sanciones, como multas, el decomiso de materiales, la cancelación de eventos artísticos y la revocación de licencias. Diversos artistas independientes locales se han manifestado en contra del decreto. El 11 de agosto, miembros de la policía detuvieron y golpearon a Luis Manuel Otero Alcántara y al menos a otros tres artistas cuando intentaban organizar un concierto contra el decreto, según se informó en los medios.

Presos políticos

En mayo de 2018, la Comisión Cubana de Derechos Humanos informó que había en Cuba 120 presos políticos, incluidos más de 40 miembros de la Unión Patriótica de Cuba. El gobierno no permite que organizaciones de derechos humanos independientes puedan acceder a las cárceles en el país. Las organizaciones creen que hay más casos de presos políticos cuyos casos no han podido documentar.

Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y al legislativo, lo cual impide que exista verdadera independencia judicial.

El Dr. Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, seguía en prisión al momento de redacción del presente. Cardet, a quien se había amenazado con la posibilidad de prisión por apoyar la campaña “Un cubano, un voto”, fue condenado en marzo de 2017 a tres años de prisión. Hasta agosto de 2018, se encontraba encarcelado en régimen de aislamiento y se le negaban las visitas y todo contacto con familiares, incluso por teléfono. Las autoridades señalaron que las visitas familiares “no estaban contribuyendo a la reeducación”.

En mayo, el exprofesor de biología y consumado ambientalista Dr. Ruíz Urquiola fue condenado a un año de cárcel por “desacato” a un guardia forestal. Inició una huelga de hambre durante el encarcelamiento. En julio de 2018, se le concedió la libertad condicional por motivos de salud. En agosto de 2018, denunció irregularidades en la gestión de su caso y la aplicación de restricciones a la posibilidad de viajar.

Restricciones a la posibilidad de viajar

Desde que en 2003 se implementaron reformas sobre viajes, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”, y en reiteradas oportunidades las autoridades les han negado la salida a personas que expresan disenso.

El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones.

En abril, a las disidentes y defensoras de derechos humanos Dulce Amanda Duran, Roseling Peñalvar y Wendis Castillo se les prohibió viajar a Lima para un encuentro de la sociedad civil. A Castillo, defensora de derechos humanos y miembro del Movimiento Dignidad, también se le había prohibido viajar en noviembre de 2017, cuando intentó tomar un vuelo a Lima para participar en una conferencia sobre corrupción y derechos humanos en América Latina.

En julio de 2018, René Gómez Manzano, un conocido disidente que había sido encarcelado varias veces, fue interceptado en el aeropuerto antes de abordar un avión para asistir a un encuentro de derechos humanos en Montevideo. Los agentes le informaron que no estaba autorizado a viajar.

Condiciones en centros de detención

Las prisiones del país están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según indicaron antiguos presos políticos ya liberados. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de la atención médica.

Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.

El 9 de agosto, Alejandro Pupo Echemendía falleció mientras se encontraba bajo custodia policial en Placetas, Villa Clara, siendo investigado por un supuesto delito vinculado con una carrera de caballos. Los familiares dijeron que su cuerpo presentaba signos de haber sufrido una violenta golpiza, mientras que las autoridades afirman que se arrojó él mismo contra una pared y falleció de un paro cardíaco. Hubo señalamientos de que familiares y testigos fueron coaccionados para que se retractaran de sus declaraciones iniciales y confirmaran la versión oficial.

Derechos laborales

Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien, técnicamente, la legislación autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.

Defensores de derechos humanos

El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Ha sido habitual que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.

Orientación sexual e identidad de género

Luego de protestas, el gobierno cubano decidió eliminar del proyecto de nueva constitución algunas disposiciones que habrían redefinido al matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo.

Actores internacionales clave

En noviembre de 2017, EE. UU. restableció las restricciones al derecho de los estadounidenses de viajar a Cuba y realizar negocios con sociedades vinculadas con las fuerzas militares y de seguridad o los servicios de inteligencia cubanos. Asimismo, Estados Unidos votó contra una resolución de las Naciones Unidas que condena el embargo estadounidense contra Cuba, lo que supone un cambio radical respecto de su abstención en 2016.

En marzo, el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el expresidente boliviano Jorge Quiroga fueron detenidos en el aeropuerto de La Habana y no se les permitió entrar al país. Habían llegado en avión a Cuba para recibir un premio en nombre de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, un foro conformado por 37 ex presidentes y jefes de Estado.

En abril de 2018, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, criticó la elección de Díaz-Canel y se refirió a esta como “un intento de perpetuación de un régimen autocrático dinástico-familiar”. “Se llama dictadura”, agregó.

En enero de 2018, la Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores se reunió en La Habana con autoridades cubanas para acelerar la implementación de su Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. El 15 de mayo, la UE y Cuba celebraron la primera reunión a nivel ministerial del Consejo Conjunto en Bruselas.

Cuba es actualmente miembro del Consejo de Derechos Humanos, ya que fue reelecta para el período 2017-2019.