El aumento de los casos de COVID-19 en el estado de la Florida y en el condado Miami-Dade han llevado a los políticos a aumentar las regulaciones a negocios y personas.
Recientemente el alcalde de Miami-Dade y el de la ciudad de Miami ordenaron el cierre de negocios que no cumplían con las órdenes de distanciamiento social y el uso de máscaras y advirtieron que tendrían tolerancia cero con los infractores.
El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, emitió una orden exigiendo el uso de máscaras en todos los lugares públicos con multas que pueden llegar hasta los 500 dólares para los que ignoren la ordenanza.
Ayer la ciudad de Miami anunció que los fuegos artificiales del 4 de julio en el Bayfront Park quedaban cancelados y el alcalde de Miami-Dade ordenaba el cierre de las playas durante el fin de semana en que se festeja el Día de la Independencia en Estados Unidos para contener la propagación del virus.
Ambas medidas anunciadas en esta semana tienen un gran impacto en la economía y en los negocios locales.
Mientras todas estas órdenes ocurren en el nombre de la salud pública, las protestas en la ciudad de Miami siguen ocurriendo sin ninguna restricción y sin ninguna consecuencia para quienes violan el distanciamiento social o el uso de máscaras.
Hoy sin ir más lejos un grupo de manifestantes recorrió gran parte del Downtown de Miami y en las imágenes se puede ver que algunos no llevan máscaras y que como es de esperar no existe distancia social.
Todo el mundo está de acuerdo en el derecho que tienen los ciudadanos a protestar y exigir sus derechos, es una de las grandes ventajas de vivir en libertad y democracia pero ¿No hay una emergencia de salud pública?
¿Bajo qué justificación se suprimen los derechos y libertades de algunos en nombre de la salud pública y se permiten los de otros sin importar la salud pública?
Sería bueno que alguno de los tantos alcaldes y comisionados que hay en el condado de Miami-Dade y sus municipalidades lo expliquen.
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