Una ex empleada postal de Salt Lake City, en el estado de Utah, está a la espera de juicio por los cargos federales de haber destruido o tirado correo en relación con la desaparición de al menos 60 documentos federales de inmigración destinados a residentes del este de Nevada.
Aparentemente, Molyneux habría «robado, abierto o destruido” material de inmigración (incluyendo tarjetas de residencia permanente) entre septiembre de 2017 y marzo de 2020, pero no fue hasta junio pasado cuando la oficina del inspector general del USPS anunció que se estaban llevando a cabo investigaciones en Salt Lake City con respecto a documentos perdidos.
El delito por el que se le acusa es una violación de la Sección 1703 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, y se castiga con una multa o hasta cinco años de prisión.
Se canceló una audiencia del 6 de abril debido a la pandemia de coronavirus y aún no se ha fijado una nueva fecha.
Como informó por primera vez The Nevada Independent, Eloisa Mendoza, directora de Elko Hispanic Services, un centro de recursos para trámites de inmigración y servicios de traducción, descubrió el problema en 2018, cuando clientes de Elko, Spring Creek, Lamoille, Battle Mountain y West Wendover le dijeron no estaban recibiendo sus «green cards» y permisos de trabajo para los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
«A algunas personas les causó miedo, y algunas personas se enfermaron debido al estrés», dijo Mendoza a The Salt Lake Tribune en una entrevista el viernes.
«Pensaron que si no tenían la tarjeta de residencia, eso … inmigración o alguien les haría algo».
Mendoza y los miembros de la comunidad conectaron el correo retrasado a la oficina de correos de Salt Lake City a través de números de seguimiento de envío.
Debido a que generalmente toma de nueve meses a un año renovar una tarjeta verde o una tarjeta de residente permanente legal, los residentes de Nevada no se dieron cuenta de que algo andaba mal hasta que se acercaron las fechas de vencimiento de su documentación.
Mendoza dijo que unos 60 de sus clientes se vieron afectados por el correo perdido, pero estima que cientos de personas sufrieron a causa de esto.
Según Mendoza, durante este tiempo algunos inmigrantes perdieron sus trabajos porque no pudieron probar su estatus legal para trabajar en los Estados Unidos. A otros les preocupaban los billetes de avión fuera del país que ya habían reservado, pensando que no podrían regresar a Estados Unidos si se iban. Algunos tampoco pudieron renovar su licencia de conducir si vencía al mismo tiempo que su tarjeta verde.
Molyneux fue retirada del trabajo y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Utah tomó el caso para su procesamiento.
La abogada defensora de Molyneux, Wendy Lewis, dijo que su cliente se declaró inocente.
