Este martes el gobierno de España aprobó prorrogar por un año la vigencia de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática (LMD), conocida ampliamente como «Ley de Nietos», que concede la posibilidad a los descendientes de exiliados españoles durante la Guerra Civil y el franquismo, de optar por la nacionalidad de este país europeo.
Luego de que el Consejo de Ministros manifestará su anuencia en relación a dicha iniciativa, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció en una rueda de prensa que el derecho a adquirir la nacionalidad española al amparo de la citada ley se extendería hasta octubre de 2025.
La Ley de Nietos comenzó a surtir efectos el 21 de octubre de 2022 y según establece la Disposición Adicional Octava de este cuerpo normativo su vigencia culminaría tras transcurrir dos años de su implementación, o sea, el 22 de octubre del presente año, por lo que los interesados debían aprovechar este plazo para efectuar todos los trámites pertinentes con el fin de conformar sus expedientes de solicitudes de la nacionalidad en cuestión.
A tenor de dicha disposición pueden ejercer el derecho a optar por la nacionalidad española las personas que hayan nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles y que hubieran perdido o renunciado a esta nacionalidad como resultado del exilio sufrido por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual.
No obstante, la baja probabilidad de citar y atender al elevado número de solicitantes antes de la finalización del plazo previsto conllevó a que el Consejo de Ministros decidiera ampliarlo por un año más para «atender todas las solicitudes de cita ya presentadas y pendientes de asignación de fecha, así como todas las que se presenten y que no puedan ser atendidas en los dos primeros años de aplicación».
Según lo dispuesto en la nota de prensa publicada, la mentada disposición incluye igualmente a los «hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, así como a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen».
En cuanto a la medida adoptada, Torres destacó que constituye una «magnífica noticia» que «será aplaudida por los españoles que vuelven a asumir que son de nuevo españoles con todos los parámetros legales establecidos».
Asimismo, agregó que desde la entrada en vigor de la citada ley hasta el 31 de marzo del año en curso se han recibido 301, 121 solicitudes, siendo Argentina y Cuba los países con mayores porcentajes.
Aproximadamente 15,000 cubanos lograron adquirir la nacionalidad española a tan solo 10 meses de haber sido implementada dicha ley.
De acuerdo a los datos revelados en el balance de actividad consular 2023, hasta diciembre del año pasado 226,354 descendientes de exiliados españoles habían optado por la nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Democrática, resultando aprobados 110,540 expedientes y realizándose 69,421 inscripciones.
Las personas que deseen iniciar los trámites para obtener la nacionalidad española en virtud de esta ley deben aportar la certificación de nacimiento, de bautismo o de matrimonio de los padres o abuelos españoles.
Por tal razón, muchos comienzan la búsqueda de tales documentos en iglesias y registros de España a través de amigos o familiares con el objetivo de demostrar la ascendencia española.
Lo cierto es que la prórroga aprobada ofrece a los cubanos descendientes de exiliados españoles más tiempo para obtener los documentos y legalizarlos a los efectos de presentar la correspondiente solicitud para adquirir la nacionalidad de este país europeo, máxime cuando persisten las demoras en el procesamiento de los expedientes en el Consulado de España en La Habana.
