El pasado 19 de julio la administración del presidente estadounidense Joe Biden anunció que comenzaría a implementarse un programa que permitiría a casi medio millón de inmigrantes que no tienen un estatus legal en el país la posibilidad de revertir esa realidad. Este proceso se conoce como Parole in Place (OIP por sus siglas en inglés) y desde hoy 19 de agosto entra en vigor.
El programa en cuestión que ya existía, pero ahora con las nuevas regulaciones permitirá que aquellas personas que cumplen con ciertos requisitos puedan allanar el camino hacia su residencia, como por ejemplo los inmigrantes que estén casados con ciudadanos estadounidenses, tengan más de 10 años residiendo en el país y no tengan documentos legales en el país, así como no representen una amenaza para la seguridad nacional, iniciativa que resalta en medio de un escenario complejo y destaca como un factor importante de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre.
La nueva política permitirá que los cónyuges de ciudadanos y sus hijos soliciten la residencia permanente sin tener que abandonar la nación norteña, de acuerdo con la información que aportó la Casa Blanca en un comunicado hace un mes atrás. Además, los beneficiarios quedarían protegidos contra la deportación y cantarían con un permiso de trabajo, lo cual sin dudas estabilizaría su vida en el país.
Se espera que el programa ampare a alrededor de 500.000 cónyuges de ciudadanos y 50.000 hijos de estos siempre que tengan menos de 21 años con la otorgación de sus respectivas residencias permanentes. Uno de los aspectos de gran relevancia es que si una de estas personas enfrentó en algún momento una orden de deportación o poseen antecedentes penales no califican al programa.
Los que reciban la correspondiente aprobación tendrán un período de tres años para realizar su trámite de residencia permanente. Es de vital importancia de acuerdo con los criterios de los abogados de inmigración que las personas preparen sus carpetas con toda la documentación referente a su caso, tales como certificaciones de nacimiento de sus hijos, certificación de matrimonio con el ciudadano estadounidense, datos de información ciudadana y trabajo, los pasaportes de los interesados, así como los documentos que prueben su estancia en el país por al menos diez años.
Estos últimos documentos pueden ser los comprobantes de pagos de impuestos, hipotecas, rentas y también los certificados de estudios terminados en diferentes centros escolares.
La especialista en educación del consumidor de la Comisión Federal de Comercio, Gema de las Heras a finales de julio anunciaba sobre posibles intentos de estafas en el proceso del programa de supuestos gestores. Explicó a Telemundo 51 que los delincuentes actúan en estos casos para captar la atención de sus víctimas y pedir un pago adelantado para agilizar los trámites lo cual perjudica en muchos casos a las personas.
“Van a llamar a las personas y les van a mandar quizás un correo electrónico o un texto y les van a asegurar que hay un acceso especial o que tienen algún programa que puedes ayudarles a presentar las solicitudes ahora mismo, pero por supuesto tendrá que hacer algún tipo de pago y ahí es donde está la estafa”, subrayó Gema.
Recalcó que los estafadores en estos casos comienzan a buscar personas con determinadas características y que muestran cierta desesperación por regularizar su condición migratoria. Así mismo añadió que si alguien está prometiendo agregarlo a una lista especial puede que esté en presencia de una situación fraudulenta, por lo que se aconseja tener paciencia ya que el proceso no tiene forma de acelerarse y sus formularios son totalmente gratuitos.
En tal sentido recomendaron mantenerse informados sobre el proceso a través de sitios oficiales, como el sitio web del Servicio de Ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos (USCIS) el cual brinda un conjunto de informaciones. Añaden además que si reciben una notificación desde otra página no oficial pudieran estar en presencia de una posible página engañosa, por lo que deberán denunciarla a través de reportefraude.ftc.gov o mediante el teléfono 877-382-4357.
