Recientemente ha trascendido que el minorista en línea Temu ha recibido una serie de cuestionamientos por parte de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, y de 19 fiscales generales, a raíz de la obtención de datos que indican posibles transgresiones de las normativas de carácter federal y estatal asociadas a la protección de los consumidores, así como vínculos con el Partido Comunista Chino (PCCh). Según lo expuesto por Moddy en un comunicado de prensa citado por NBC Miami, «estos informes son alarmantes, no solo desde el punto de vista de la protección del consumidor, sino también desde el punto de vista de la seguridad nacional».
El jueves dichos funcionarios mandaron una misiva al presidente de Temu y al director ejecutivo de la compañía a la que pertenece el minorista, denominada PPD Holdings Inc., manifestándoles sus inquietudes sobre sus actuaciones en el ámbito comercial. En correspondencia con NBC Miami, Moddy señaló que «una investigación del Congreso descubrió que Temu podría estar vendiendo ilegalmente productos fabricados con mano de obra forzada en una zona de China en la que el PCCh está cometiendo genocidio».
Entre los puntos neurálgicos que han generado esta situación de alarma se encuentran el presunto incumplimiento de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur. En virtud del mentado comunicado al que hizo alusión NBC Miami, existen ciertas dudas en torno a la «política establecida para prohibir la venta de bienes procedentes de Xinjiang, el lugar donde el PCCh lleva a cabo el genocidio en curso contra los uigures».
Precisamente, como resultado de este panorama tan difuso, los fiscales ofrecieron a Temu un plazo de treinta días a los efectos de que responda un conjunto de interrogantes y de que esclarezca su postura acerca de las preocupaciones que se han desatado con respecto a sus actividades. Con base en lo revelado por NBC Miami, los funcionarios le están reclamando que se pronuncie sobre «las prácticas de recopilación e intercambio de datos» que podrían estar enfocadas en favorecer al gobierno chino. En tal sentido Moody recalcó que hay indicios de que «Temu está recopilando información de consumidores estadounidenses y pasándosela al PCCh».
En medio de este complejo escenario, otros medios de comunicación han abordado el tema. Tal es caso de CNBC, que ha alegado un incremento en la supervisión de empresas que pudiesen estar vinculadas a prácticas de trabajo forzado. Igualmente, dicho medio hizo énfasis en que «los consumidores estadounidenses tienen derecho a saber si están comprando productos fabricados en condiciones inhumanas».
El comunicado de Moody, publicado el viernes, agrega que Temu ha manifestado que no le atañen las limitaciones establecidas por la UFLPA (Uyghur Forced Labor Prevention Act, en español, Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur), una regulación que surgió con el propósito de garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores en zonas como Xinjiang. La carta enviada al presidente de Temu contiene «una lista de preguntas exigentes para esclarecer su relación con el PCCh», a tenor de lo expuesto por NBC Miami.
Tales averiguaciones afectan indiscutiblemente a Temu, pero, además extienden el radio de acción hacia otros minoristas en línea. Según lo informado por NBC Miami, tanto Moddy como el resto de los fiscales involucrados explicaron de forma clara y concreta lo que estaban haciendo: «mis colegas fiscales generales y yo estamos instalando a los propietarios de la empresa a que responden a estas acusaciones». Una evaluación de los documentos proporcionados destaca que estas sospechas no son nuevas. De conformidad con lo expuesto por The New York Times, esta labor investigativa forma parte de acciones de mayor alcance dirigidas a velar porque las empresas obedezcan lo estipulado en las regulaciones sobre derechos humanos.
Desde el orden legislativo, la tensión también se eleva. Congresistas como Marco Rubio y Jeff Merkley han abogado fuertemente por la estricta aplicación de la UFLPA. Ambos han insistido en la imperiosa necesidad de que las empresas que violan los derechos humanos experimenten sin contemplaciones las consecuencias legales de sus acciones. Según Reuters, Rubió declaró: «no podemos permitir que se aprovechen de los consumidores estadounidenses y se beneficien de condiciones laborales inhumanas».
Lo cierto es que los pronunciamientos que realice Temu no solo tendrán un impacto directo en los consumidores, sino también en las actividades internacionales de un gran número de compañías. Además, NBC Miami resaltó que es probable que el debate generado repercuta incluso en «cómo los minoristas en línea gestionan sus cadenas de suministro y relaciones comerciales internacionales».
La obtención de informes minuciosos a petición de los fiscales generales pone de relieve el interés en garantizar que las operaciones comerciales a nivel global tengan como pilares la ética empresarial y la protección de los derechos humanos. Indiscutiblemente, las supuestas vulneraciones de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur y la recopilación de información para el gobierno chino, son cuestiones de extrema gravedad. De conformidad con lo expuesto por NBC Miami, hasta el momento ni Temu ni PPD Holdings Inc. han realizado comentarios en relación a las imputaciones efectuadas.
A continuación, se muestran los estados que han exigido explicaciones a Temu:
- Alabama
- Alaska
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Luisiana
- Misisipí
- Misuri
- Nebraska
- Nuevo Hampshire
- Dakota del Norte
- Oklahoma
- Carolina del Sur
- Dakota del Sur
- Tennesse
- Virginia
- Virginia Occidental.
