Veinticinco gobernadores de Estados Unidos, entre ellos Kay Ivey de Alabama, Ron DeSantis de Florida y Greg Abbott de Texas, han solicitado que la administración Biden-Harris proporcione detalles completos sobre el paradero y las circunstancias legales de más de 530.000 personas que recibieron parole humanitario y entraron al país en los últimos dos años.
Los funcionarios del Partido Republicano creen que la administración demócrata no está supervisando eficazmente la iniciativa del programa de parole humanitario diseñada para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
En su correspondencia, los gobernadores expresan su preocupación por el hecho de que la información insuficiente sobre los patrocinadores de los inmigrantes, su paradero y la duración de su residencia está causando angustia e incertidumbre entre los líderes comunitarios y los estadounidenses en general. Esta ambigüedad limita la capacidad de las fuerzas del orden para impedir de manera eficaz posibles incidentes de trata o explotación de personas.
La iniciativa permite a las personas de los países enumerados obtener una Autorización de Viaje Anticipada, otorgándoles la posibilidad de ingresar y permanecer en los EE. UU. por un período de dos años, incluso si carecen de toda la documentación requerida para la admisión.
Los gobernadores que firmaron la declaración, como Brian Kemp de Georgia y Bill Lee de Tennessee, están buscando más información sobre los procedimientos de investigación utilizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y están solicitando detalles sobre quiénes son los patrocinadores de inmigrantes y dónde se encuentran.
Destacan que la oleada de inmigrantes ha ejercido presión sobre los recursos regionales y municipales sin aprobación ni aviso previo, lo que ha afectado a servicios esenciales como la educación y la atención médica. Además, advierten que una regulación insuficiente puede dar lugar a un uso indebido del programa.
En su correspondencia con Biden, los gobernadores subrayan que el DHS no ha entregado los datos adecuados necesarios para evaluar el nivel de afectacion de los inmigrantes a las zonas locales. Afirman que es esencial comprender la situación laboral de los migrantes y el alcance de la asistencia que les brindan sus patrocinadores.
Datos oficiales del DHS indican que para agosto de 2024, más de 530.000 personas de estas cuatro naciones han ingresado legalmente a Estados Unidos, recibiendo visas humanitarias a través de solicitudes en línea que evitan la tradicional entrevista consular, que generalmente implica un examen adicional.
Las cifras indican que más de 111.000 personas de Cuba, 214.000 de Haití, 96.000 de Nicaragua y 121.000 de Venezuela recibieron autorización para viajar. Entre ellos, más de 110.000 cubanos, 210.000 haitianos, 93.000 nicaragüenses y 117.000 venezolanos lograron ingresar al país. El Departamento de Seguridad Nacional ha introducido más protocolos de seguridad, incluida la verificación biométrica (huellas dactilares) para los patrocinadores que residen en Estados Unidos.
La administración Biden afirma que el programa de parole humanitario para estos cuatro países ha logrado con éxito sus principales objetivos, con una notable reducción del 99% en el número de ciudadanos cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos encontrados en la frontera suroeste de Estados Unidos desde el lanzamiento del programa.