Tribunal de Apelaciones de EE.UU. deja sin efectos un fallo que condenaba a varias compañías de cruceros a pagar millones de dólares por utilizar los muelles de La Habana

Este martes el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito de Estados Unidos dejó sin efectos un fallo previo que condenaba a las compañías de cruceros Carnival Corporation Royal Caribbean Group, MSC Cruises y Norwegian Cruise Line Holdings por realizar viajes turísticos a Cuba en el período comprendido entre 2016 y 2019, una actividad prohibida por la legislación estadounidense imperante.

Las últimas evaluaciones de los hechos conllevaron a dicho foro a anular la sentencia anterior en virtud de la cual se dispuso que estas importantes líneas de cruceros debían pagar 439 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios causados a la empresa norteamericana Havana Docks Corporation al hacer uso de los muelles de La Habana, que fueron objeto de confiscación por el gobierno cubano en 1960.

Según lo expuesto por Telemundo 51, el órgano judicial en cuestión argumentó que desde el 2004 el derecho de propiedad de Havana Docks dejó de existir, de ahí que las actividades realizadas por las mentadas empresas de cruceros no calificasen como «tráfico» ilegal al amparo de las leyes estadounidenses vigentes.

Este elemento tuvo un enorme peso en la revocación del fallo emitido por la jueza federal Beth Bloom en marzo de 2022, que indicaba que tales compañías debían ofrecer una indemnización a los descendientes del empresario estadounidense que fungía como propietario de dichos muelles con anterioridad al triunfo de la Revolución Cubana, ya que esos viajes a la isla vulneraban lo contemplado en la ley.

Bloom recalcó que si bien es cierto que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) expidió licencias que autorizaban a viajar a Cuba y que incluso varios funcionarios del gobierno promovieron estas operaciones, ello no implica que las compañías de cruceros pudiesen participar en un turismo prohibido por la ley sin asumir responsabilidad alguna.

En tal sentido escribió: «Al utilizar la Terminal [portuaria] y uno de sus muelles de diversas maneras, Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian cometieron actos de tráfico en virtud del artículo 6023 [de la Ley Helms Burton]».

En el documento que contiene la decisión, conformado por 169 páginas, la citada jueza señaló que las empresas de cruceros acusadas trasladaban pasajeros a la mayor de las Antillas y que dichos viajes no se insertaban en ninguna de las categorías permitidas por ley. Asimismo, recalcó que estas compañías efectuaban acuerdos millonarios con varias agencias del régimen de la isla para utilizar la terminal y llevar a cabo un conjunto de recorridos.

Con el desarrollo de estas actividades, las líneas de cruceros obtuvieron ingresos superiores a 1,100 millones de dólares tras realizar excursiones a establecimientos nocturnos, destinos turísticos, playas y ríos. No obstante, la promulgación en 2019 de una medida que abarcaba la imposición de sanciones conllevó a que estas empresas suspendieran sus viajes a Cuba.

De hecho, un mes antes del anuncio de esta medida, la administración del entonces mandatario Donald Trump, quien figura actualmente como candidato republicano para las próximas elecciones presidenciales, reactivó una regulación que prevé que los estadounidenses que hayan sido dueños de propiedades confiscadas por el régimen cubano a demandar a las empresas que se beneficien del uso comercial de dichas propiedades.

La indemnización exigida por la empresa Havana Docks Corporation era de aproximadamente 9,2 millones de dólares y si bien el tribunal anuló la sentencia anterior, es posible que Carnival Corporation tenga que responder por otras reclamaciones, por lo que en lo que concierne a esta compañía, la batalla legal no ha terminado.

MSC Cruises, NCLH y Royal Caribbean manifestaron a través de un comunicado conjunto, citado por Telemundo 51, su enorme satisfacción con la determinación del tribunal, resaltando su profunda valoración del asunto. Un portavoz de Carnival Corporation manifestó: «Estamos satisfechos con el resultado y no haremos más comentarios sobre los litigios pendientes».

Lo cierto es que este caso pone de relieve la repercusión que aún tienen hoy en día los inconvenientes suscitados en el marco de las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, así como los grandes desafíos a los que se enfrentan las empresas en un contexto marcado por un orden legal cambiante y complejo.