El miércoles, la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que la administración Trump revocó una extensión que ofrecía alivio de la deportación a aproximadamente 600.000 personas de Venezuela.
Durante su aparición en Fox and Friends, Noem afirmó que revocó la decisión que tomó su predecesor, Alejandro Mayorkas, en los últimos días de la administración Biden, que había ampliado el Estatus de Protección Temporal.
“Antes de su salida de la ciudad, Mayorkas emitió una directiva indicando que durante 18 meses, las personas con estatus de protección temporal tendrían sus protecciones renovadas, lo que les permitiría permanecer en el país y hacer caso omiso de nuestras leyes durante 18 meses más”, afirmó Noem. “Pusimos fin a eso”.
El cambio se implementa de inmediato. Según un comunicado de seis páginas del DHS, esta acción de la administración Trump restablece las condiciones que existían antes de que la administración Biden optara por prolongar las protecciones para los venezolanos hasta octubre de 2026. En consecuencia, la expiración del TPS ha vuelto a su fecha inicial de abril de 2025.
La administración Biden ya había ampliado las protecciones a más de 230.000 salvadoreños, 103.000 ucranianos y 1.900 sudaneses que residen en Estados Unidos. Noem no aclaró su destino y el anuncio del DHS se dirige exclusivamente a los venezolanos.
La clasificación TPS permite a las personas permanecer en el país de manera legal, pero no crea una ruta permanente hacia la ciudadanía. Estas personas dependen del gobierno para la renovación de su estatus cuando este vence. Los detractores argumentan que, con el tiempo, el proceso de renovación de esta protección se convierte en un procedimiento estándar, independientemente de las condiciones en el país de origen de la persona.
El martes, The New York Times fue el primero en anunciar el cambio de política.
Los venezolanos que antes estaban bajo protección ahora podrían ser deportados, ya que Estados Unidos carece de relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que restringe las posibilidades de expulsión. De manera similar, Cuba y Nicaragua no aceptan deportados. Sin embargo, Noem afirmó que el presidente Donald Trump sin duda usará todo su poder y autoridad para obligar a estas naciones a recibirlos nuevamente.
En 1990, el Congreso estableció el TPS para proteger a las personas de ser deportadas a naciones que enfrentan calamidades naturales o disturbios civiles, permitiéndoles tener permisos de trabajo que duran por períodos de hasta 18 meses.
