La administración de Donald Trump ha ordenado a las autoridades federales de inmigración que localicen a los migrantes que podrían enfrentar una deportación inmediata sin una audiencia judicial. Un memorando interno de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que fue examinado por The Washington Post, indica que más de un millón de migrantes permitidos bajo las políticas de la administración de Joe Biden podrían ser expulsados a través de protocolos de deportación acelerada.
La iniciativa tiene como objetivo acelerar el proceso de deportación y está dirigida a personas que ingresaron al país de manera ilegal o con permisos temporales sin solicitar asilo. También afecta a quienes tienen visas pero no poseen documentación migratoria válida. Entre los grupos que podrían verse afectados se encuentran los cubanos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron con parole humanitario y no han obtenido ningún otro estatus legal.
La aceleración de las deportaciones según agenda de ICE se dirigirá a las personas que:
– Entraron ilegalmente por la frontera sin ser procesados por un juez.
– Fueron admitidos con parole o con una notificación para presentarse ante las autoridades migratorias.
– No solicitaron asilo o residencia permanente.
– Ingresaron por un puerto de entrada pero sin documentos migratorios válidos.
– Presentaron información falsa para su entrada al país.
La administración Trump ha intensificado sus acciones para cumplir su promesa de deportaciones generalizadas. Sin embargo, esta estrategia enfrenta desafíos legales, ya que numerosos migrantes tienen derecho a audiencias judiciales que pueden demorar varios años en resolverse.
Como resultado, el gobierno se está centrando en individuos que podrían ser deportados sin procedimientos judiciales, como aquellos con condenas previas, mandatos de deportación concluyentes o protecciones provisionales que podrían ser retiradas.
La agenda de ICE presenta además la opción de enviar a los migrantes a otras naciones si sus países de origen no los aceptan. Esta propuesta ha suscitado reacciones negativas, ya que podría poner en peligro la seguridad de los solicitantes de asilo que se enfrentan a amenazas en su país de origen.
