El Consejo de Ministros del régimen cubano aprobó una propuesta de fundamentación y el anteproyecto del Decreto-Ley de Aduanas este fin de semana, y su posterior presentación ante el Consejo de Estado, el objetivo de esta legislación sería organizar la Aduana General de la República (AGR), así como su funcionamiento, disfrute y control de los regímenes aduaneros, precisó el jefe de esta entidad, Nelson Cordovés Reyes a través de un post en sus redes sociales, divulgado luego por el Gobierno cubano en X.
Dicho Decreto-Ley también propone el «desaduanamiento» de las mercancías y los medios que las transportan, así como envíos, viajeros y equipaje.
La nueva disposición también promoverá el cumplimiento de las regulaciones que afectan las operaciones de la Aduana en la zona fronteriza.
Según el régimen, «el texto está alineado con los principios constitucionales y con la legislación vigente, especialmente en lo relacionado con los ámbitos administrativo, tributario, financiero y de comercio exterior».
En redes sociales, las críticas no se hicieron esperar. Muchos usuarios cuestionaron la elaboración de una nueva ley que, a su juicio, solo traerá más restricciones para la población.
«Cada decreto ley de la Aduana de Cuba es una sanción más para el pueblo, es la Aduana de Cuba la responsable directa del Bloqueo al pueblo de Cuba tomándose atribuciones que ella misma se otorga sin ninguna regulación, ni fiscalización por órganos del Estado», precisó el ciberusuario Maugrys Castillo.
«¿De qué manera se puede burlar el supuesto bloqueo imperialista si ustedes cada día restringen más las importaciones en un país que no produce ni una felpita para el pelo!», cuestionó por su parte alguien identificado como Yusnier Ricardo Leyva.
«Si se produjera comida y artículos industriales como se producen leyes, ahora estuviéramos rebien!», puntualizó otra usuaria, Gisela Isis Rojas Lemus.
A inicios de 2025, la dictadura cubana reformó el Decreto-Ley 22 de 2020 a través del Decreto-Ley 101, publicado en la Gaceta Oficial, introduciendo cambios relevantes en las reglas para las importaciones no comerciales, es decir, las realizadas por personas naturales o jurídicas para consumo personal o uso específico. La reforma impuso, entre otras medidas, el pago de aranceles en dólares a ciertos artículos traídos por viajeros.
