Activistas y abogados discuten la creación de un sistema que brinde ayuda gratuita a inmigrantes en peligro de deportación

Los cientos de miles de inmigrantes con alto riesgo de ser deportados en Estados Unidos podrían tener un punto legal a su favor de ser concretado un plan que prevé la creación de una “oficina de letrados de oficio”, que los representaría gratuitamente, informó el Nuevo Herald.

Algunos abogados de inmigración conocidos nacionalmente y prominentes activistas que defienden los derechos de los inmigrantes están discutiendo la posibilidad de establecer un sistema que proporcionaría representación legal gratuita a todos y cada uno de los inmigrantes que pudieran encarar deportación debido a las nuevas medidas de inmigración puestas en vigor por el presidente Donald Trump.

Según el diario, actualmente a los migrantes en este riesgo se les permite tener abogado, pero a menudo comparecen solos ya que muchos no tienen recursos para contratarlo.

“En este momento el esfuerzo se enfoca en comunidades específicas que han tomado una posición en contra de la expansión masiva de la aplicación de la ley de inmigración”, dijo Michelle Ortiz, subdirectora del grupo con sede en Miami Americanos Pro Justicia Inmigrante.

Ortiz señaló además que un grupo de abogados en Nueva York, dirigido por una jueza federal, ha discutido ya un posible sistema nacional para representar a todos los inmigrantes en procedimientos de expulsión.

La letrada acotó que “las estadísticas muestran que los inmigrantes con abogado tienen mucho más éxito, (y son liberados de la detención mediante fianza) que los inmigrantes que carecen de asesoramiento legal”.

Según apunta la nota, el desafío del hipotético bufete estaría en la financiación: dado que hay más de 530,000 personas actualmente en proceso de deportación en el país, una oficina nacional de defensores podría necesitar cerca de 10,000 abogados y un presupuesto de entre $300 millones y $400 millones, según expertos.

“Se necesitaría la inversión por parte de municipalidades, ciudades y quizás estados, junto con socios de la esfera privada”, dijo Ortiz. “Es factible, si hay voluntad política para ello”.