Administración de Trump arremete contra decisión de una jueza federal de mantener el parole humanitario

El equipo de trabajo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump discrepó de la decisión por parte de una jueza federal de mantener con vida el parole humanitario que se aprobó en enero de 2023 por el entonces presidente demócrata Joe Biden, lo cual consideraron un impedimento que pone en riesgo la seguridad nacional del país y socava el sistema de inmigración.

Este martes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por el partido republicano, emitió un comunicado a través de la red social X, donde afirmó que la política migratoria de Biden ha permitido la “liberación de más de 530,000 inmigrantes mal considerados en Estados Unidos”.

De acuerdo con el comunicado, esta circunstancia ha incrementado la delincuencia y ha expulsado a empleados estadounidenses, además de obligar a los oficiales de inmigración a pasar por alto el fraude generalizado.

Biden’s reckless parole programs unleashed over 530,000 poorly vetted aliens into America, fueling crime and stealing jobs—forcing our agents in the field to ignore rampant fraud.

While this ruling delays justice and undermines the integrity of our immigration system, Secretary… pic.twitter.com/hnZq09cKMS

— Homeland Security (@DHSgov) April 15, 2025

El texto explica además que este fallo no solo dilata el proceso judicial, sino que también compromete la confianza en la estructura migratoria, por tanto, la secretaria de Seguridad Nacional empleará todas «las opciones legales disponibles en el departamento para poner fin a este caos, priorizando la seguridad de los estadounidenses».

Este lunes una jueza federal emitió una resolución judicial que veta la decisión de la actual administración de Trump de eliminar el programa que beneficia a nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos, el cual permitió que más de medio millón de migrantes de estas nacionalidades llegaran al país de forma legal.

La jueza Indira Talwani, quien fue nombrada por el exmandatario Barack Obama, aprobó una solicitud de emergencia que paraliza de manera temporal la anulación masiva de permisos otorgados a través de este programa. La jueza argumentó que la decisión del gobierno no cumple con el requisito legal de analizar cada caso de forma individual.

La magistrada Talwani manifestó una profunda inquietud ante la intención del gobierno de Trump de eliminar el programa sin considerar las circunstancias específicas de cada uno de los beneficiarios.

De acuerdo con la orden judicial que emitió Talwani «los demandantes tienen legitimidad para impugnar la reducción de su participación en el programa», lo que significa que estos migrantes tienen el derecho de trabajar de forma legal siempre que tengan su permiso, así como regularizar su estatus migratorio y otros beneficios que les asiste por derecho según las leyes estadounidenses.

La magistrada afirmó que la anulación del programa sin las debidas salvaguardias dejaría a estas personas en una situación difícil, que no es más que enfrentarse a la deportación o de forma voluntaria salir del país a través de la aplicación CBP Home.

La decisión de esta jueza sale a la luz toda vez que el Departamento de Seguridad Nacional el mes pasado anunciara la revocación del programa que beneficia a los ciudadanos mencionados anteriormente. Este beneficio permitió que muchos migrantes llegaran al país de forma y se asentaran de forma temporal por motivos humanitarios o de gran relevancia pública.

El 20 de enero de 2025 cuando el presidente Donald Trump asumió el mandato por segunda ocasión firmó la Orden Ejecutiva 14165 que ordenaba poner fin a este programa y a la vez fortalecer la seguridad fronteriza de Estados Unidos para evitar la entrada de más migrantes.