Una coalición de ciudadanos estadounidenses, grupos de defensa de los inmigrantes y organizaciones sin fines de lucro ha iniciado acciones legales contra la administración del presidente Donald Trump por la terminación del programa de parole humanitario. Esta iniciativa había permitido la entrada y residencia temporal en los Estados Unidos de personas de naciones que enfrentan conflictos o agitación política.
Un tribunal federal de Massachusetts está tramitando la demanda destinada a restaurar esta iniciativa que apoya a migrantes procedentes de países como Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que tuvieran patrocinadores residentes en Estados Unidos.
Ocho inmigrantes que entraron legalmente a Estados Unidos antes de la finalización del programa, se encuentran entre los demandantes.
Alejandro Doe, es uno de ellos, quien escapo de Nicaragua tras el secuestro y tortura de su padre.
Omar Doe es otra persona involucrada en la demanda; es un afgano que dedicó más de 18 años al ejército estadounidense en Afganistán y ahora vive con el temor de ser deportado.
Maksym y Maria Doe, es la pareja ucraniana que forma parte de los demandantes. Ellos llegaron a Estados Unidos en busca de seguridad pero ahora enfrentan un futuro impredecible.
Algunos han optado por mantener sus identidades ocultas por temor a represalias o a ser expulsadas rápidamente del país.
La abogada del Centro de Acción de Justicia, Esther Sung, que colaboró con Human Rights First en la demanda, afirma que la administración Trump ha bloqueado efectivamente casi todos los caminos para la inmigración legal. “La administración Trump está intentando socavar la libertad condicional a través de varias estrategias”, dijo.
Esta demanda también cuenta con el respaldo de tres ciudadanos estadounidenses y grupos que defienden los derechos de los migrantes.
Los ciudadanos estadounidenses que apoyan las demandas son Kyle Varner, un médico de 40 años e inversor inmobiliario de Spokane, Washington; así como Sandra McAnany y Wilhen Pierre Victor, quienes han dado la voz de alarma sobre las políticas de la administración Trump contra los inmigrantes.
A la demanda se suma la Haitian Bridge Alliance, una organización de California dedicada a ofrecer orientación y asistencia legal a migrantes en riesgo.
