Los primeros casos del año de inmigrantes con antecedentes penales que han sido previamente deportados y que han regresado ilegalmente a Estados Unidos, aparecieron en los expedientes de la Corte Federal en el sur de la Florida, informa el Nuevo Herald.
Por lo menos cinco casos que han surgido en los registros desde el principio del año involucran los arrestos por agentes de inmigración de dos guatemaltecos, dos salvadoreños y un mexicano, todos acusados de haber entrado al país tras haber sido deportados previamente y todos con antecedentes penales.
Aunque los retornos ilegales de extranjeros con antecedentes penales son de rutina, los más recientes han adquirido mayor relevancia ahora que Donald Trump ha tomado posesión como Presidente de los Estados Unidos.
Desde que lanzó su campaña presidencial en el verano del 2015, Trump ha hecho de la inmigración ilegal uno de sus temas centrales.
Prometió construir un muro impenetrable en la frontera con México, deportar a los 11.1 millones de indocumentados en el país y revocar las órdenes ejecutivas del ex presidente Barack Obama que incluyen una protección temporal renovable contra la expulsión para más de 750,000 jóvenes más conocidos como «Dreamers».
Sin embargo, tras ganar las elecciones Trump empezó a suavizar su postura hacia los indocumentados, diciendo que la prioridad iba a ser la deportación de entre dos y tres millones de extranjeros con antecedentes penales, y que podría haber una especie de acomodo en cuanto a los Dreamers, aunque no explicó qué.
El lunes, su vocero en la Casa Blanca, Sean Spicer, indicó que no habrá acción inmediata contra los Dreamers aunque no dijo que Trump dará luz verde al programa.
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“Primero que todo, el Presidente ha dejado muy, muy en claro que las agencias se enfoquen en aquellos que están en el país ilegalmente y tienen antecedentes penales o constituyen una amenaza para el pueblo estadounidense”, dijo Spicer en conferencia de prensa el lunes. “Ahí es donde estará nuestra prioridad”.
En los casos que aparecieron en el expediente del tribunal federal desde el 1ro de enero, todos los acusados tienen antecedentes penales y algunos múltiples deportaciones previas.
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