Recientemente, trascendió que un boxeador cubano, de 40 años, cuya identidad no ha sido revelada, enfrenta una sanción de seis años y 8 meses de cárcel en Uruguay. De acuerdo a la información aportada por medios de prensa locales, este sujeto es autor de delitos de abuso sexual agravado, violencia doméstica, lesiones personales y tráfico de municiones.
Las autoridades de la mentada nación dieron a conocer que una vez que este hombre cumpla su sentencia, se procederá a su deportación a Cuba. La sanción en cuestión se determinó en base a una profunda investigación que estuvo a cargo de la fiscal Sandra Fleitas, de Ciudad de la Costa, departamento de Canelones.
En correspondencia con lo expuesto por las autoridades, el individuo se comunicaba a través de las redes sociales con mujeres de edades similares radicadas en Las Piedras, Pando y Ciudad de la Costa, haciéndose pasar por un empleado honesto y decente, mecánico y vendedor de automóviles.
No obstante, cuando lograba que ellas confiaran en él, iniciaba una relación amorosa que posteriormente se tornaba sumamente violenta. La labor investigativa se inició a raíz de la denuncia realizada por una de sus víctimas en enero de 2023, un hecho que propició que otras dos mujeres decidieran contar las terribles experiencias vividas por causa de este sujeto.
La realización de tales denuncias le brindó a las autoridades uruguayas la posibilidad de reunir suficientes pruebas contra el antillano, quien, tras ser puesto bajo arresto, admitió haber cometido los hechos delictivos a fin de ser procesado en el marco de un juicio abreviado, que se caracteriza por la celeridad de los trámites judiciales.
De acuerdo a las declaraciones ofrecidas por la fiscal Fleitas al canal Telenoche, el cubano recurrió a la agresión física con el objetivo de infundir miedo en sus víctimas y ello, unido a su carácter de reincidente, se constituyeron como factores claves en el proceso judicial. Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el caso.
Es válido recalcar que el tráfico de municiones en Uruguay se configura como un delito grave, una característica en la que se basó la fiscalía para solicitar la aplicación del artículo 47 de la Ley 18.250 de Migraciones, que establece que los extranjeros que incurran en delitos dolosos podrán ser deportados. Al amparo de esta disposición normativa, los extranjeros vinculados a actividades de tráfico de armas, personas o drogas, entre otras de enorme peligrosidad social, no califican para permanecer en el país. La repatriación se llevará a cabo cuando el antillano cumpla con la sanción y será controlada por un juez de ejecución.
