La casa del comisionado de Miami Joe Carollo pronto pudiera entrar en subasta en un claro intento de enfrentar la sentencia judicial que posee en su contra de más de 63 millones de dólares.
La oferta se hizo en un periódico, pero el propio comisionado insiste en que no sucederá teniendo en cuenta que la vivienda está protegida por constitución estatal. El diario The New York Times fue el que publicó el aviso de que el 19 de marzo se llevaría a cabo la subasta en el centro de Miami.
A Carollo lo acusaron dos empresarios con negocios en la Pequeña Habana en junio de 2023. La demanda civil federal que presentaron los empresarios fue consecuencia del intento de Carollo por destruir sus negocios por motivaciones políticas. El jurado determinó que Joe violó los derechos de la Primera Enmienda de los demandantes y les otorgó más de 63 millones de dólares.
Martin Pinilla y su colega Bill Fuller propietario del restaurante y bar Ball and Chain de la zona de la Pequeña Habana afirmaron en la corte que el comisionado utilizó a la policía local y los departamentos de cumplimiento de códigos para cerrar sus negocios teniendo en cuenta que ellos apoyaban a su oponente político.
Carollo afirmó en una ocasión: «Los que están pensando que van a tener fiesta el 19 de marzo en Coconut Grove, la casa es mía y de mi esposa, les sugiero que no compren los tickets todavía porque simplemente no va a pasar». El propio Carollo dijo que la constitución de la Florida lo afirma ya que la sección 4 del artículo 10 de esta dice que «la casa donde uno reside está exenta de cualquier venta forzosa para pagar una deuda no relacionada con la propiedad».
Sus abogados presentaron una petición de emergencia al juez que dice: Tanto el señor Carollo como la señora Carollo se encuentran bajo la amenaza inminente de sufrir daño inmediato e irreparable debido a la venta forzosa de su propiedad exenta y protegida por el derecho de propiedad».
Refiere además el escrito que: «Solicitan que se suspenda la venta o, alternativamente, que se dicte una orden judicial temporal para detener la venta a la espera de que se determine la condición de homestead de la propiedad».
La defensa de los demandantes comentó que Carollo no le dice a la prensa que él abandonó su residencia en el año 2016 por un período de 7 años y eso es un motivo por el cual se pierde esa protección. Agregan que Joe se mudó a la Pequeña Habana con el objetivo de ser comisionado del distrito 3 y posteriormente se regresó a la casa de Coconut Grove cuando la incluyeron en el distrito con intencionalidad.
En noviembre un tribunal federal indicó a las autoridades de la ciudad embargar el salario de Joe y en enero ordenaron la confiscación de sus bienes. A comienzos de este mes Los U.S Marshals comenzaron el desarrollo de la confiscación de bienes y se observaron varios representantes de Marshals colgando varios avisos en la casa de Carollo entre ellos uno que decía: «Aviso del U.S. Marshal Levy».
La semana anterior se le negó a Joe por parte de un juez el intento de detener el cobro de la sentencia. Él por su parte en todo momento niega haber tenido un comportamiento incorrecto y prometió enfrentarse contra la incautación de sus bienes.
Desde su propia oficina en La Pequeña Habana Joe Carollo expresó: “Vivimos en Estados Unidos, simplemente no puedes quitarle la propiedad a alguien porque tienes a un tacaño, como el Sr. Gutchess, que siente que puede hacer lo que quiera”.