Recientemente, el empresario estadounidense Patrick Parker Walsh, fue condenado a cinco años y medio de prisión por robar aproximadamente $8 millones de dólares en fondos federales de ayuda para enfrentar la pandemia de COVID-19.
Según las investigaciones practicadas este sujeto pagó con dicho dinero una parte del valor de una residencia en Jackson Hole, en Wyoming y compró lujosos bienes, yacimientos de petróleo en Texas, así como una paradisíaca isla conocida como Sweetheart Island, situada a casi dos kilómetros de la costa de la ciudad de Yankeetown, en Florida, para cuya adquisición el empresario empleó $90000 de dichos fondos.
Walsh dirigía una flota de dirigibles con logotipos de distintas corporaciones, que volaban alrededor de lugares donde hubiese un gran cúmulo de personas.
Sin embargo, desafortunadamente en junio de 2017 ocurrió un terrible accidente al quemarse uno de esos globos aerostáticos durante el campeonato de golf masculino conocido como el Abierto de los Estados Unidos, un evento que se desarrolla anualmente y que constituye uno de los cuatro torneos más importantes del circuito masculino de golf en el mundo. El piloto, que se encontraba solo en la aeronave sufrió graves heridas pero se salvó. Al respecto, Jamie Lovemark, uno de los jugadores de dicho evento, que fue transmitido en vivo, expresó: «Estaba jugando, miré hacia arriba y lo vi en llamas, y me sentí mal del estómago».
Tras el siniestro muchos de los clientes de Walsh prescindieron de sus servicios, por lo que este quedó sumergido en una crisis financiera que lo condujo a solicitar varios préstamos con elevados intereses que propiciaron la expansión de sus negocios, de manera que en el 2019 las ventas de sus empresas ascendieron a los $16 millones, logrando la inserción de las mismas en los mercados de América Latina y Asia.
No obstante, el inicio de la pandemia de coronavirus y su desarrollo originaron la quiebra de sus negocios, por lo que, de acuerdo a lo declarado por el Departamento de Justicia, entre marzo de 2020 y enero de 2021 Walsh realizó más de 30 solicitudes fraudulentas de apoyo por esta enfermedad que le proporcionaron $7.8 millones. En tal sentido los fiscales federales manifestaron que sus empresas legalmente sólo habrían calificado para un pequeño subconjunto de tales préstamos, agregando en sus documentos judiciales: «Sus crímenes son atroces y producto de la avaricia».
Los abogados del empresario alegaron en su defensa que su móvil no había sido la avaricia, sino la desesperación, pues él estaba muy estresado tratando de recuperar sus negocios para sostener a su familia, en la que se incluyen sus once hijos. A su vez, recalcaron que la compra de la isla respondía a la intención de su representado de desarrollar un negocio inmobiliario, pero no pudieron probar esa afirmación.
Estos argumentos fueron rechazados por el juez Allen C. Winsor, quien destacó que la conducta del empresario tuvo un carácter continuado y que no se trataba de un momento de debilidad, determinando privarlo de su libertad.
Walsh, por su parte, se comprometió a devolver la cantidad de dinero robada y a vender la isla.
Lo cierto es que este empresario no ha sido el único que ha incurrido en este delito, cerca de 3200 personas han cometido fraude de ayuda por COVID-19 y hasta la fecha se han recuperado $1400 millones fruto de estos crímenes. Según lo expuesto por The Associated Press, las pérdidas ocasionadas representan casi un 10 % de los $4, 3 billones que el gobierno norteamericano ha destinado para paliar las nefastas consecuencias que en el orden económico generó la pandemia de coronavirus.