En el día de ayer el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana transmitió un reportaje en su emisión estelar de las 8:00 pm en el que se dio a conocer el asesinato de dos personas y la sanción impuesta al autor de los crímenes.
El asesino, del cual no se ofrecieron datos, privó de la vida a su ex-pareja y a la actual relación de esta, siendo detenido en el acto y condenado por la Sala Segunda del Tribunal Provincial Popular de La Habana en juicio público, a privación perpetua de libertad, teniendo en cuenta las pruebas testificales, periciales y documentales aportadas.
Mileydis Almaguer, madre de una de las víctimas, expresó a la prensa que el actuar de los fiscales, jueces y abogados fue positivo, que el mensaje oficial se había hecho sentir. Afirma además: «Si esto se corta por lo sano, es menos, el que tiene pensado hacer esta cobardía lo piensa mucho», alegando que para ella la sanción estaba perfecta, pues se trataba de la madre de su hijo y tenía que pagar caro.
Por otra parte, Mercedes Samora, madre de la otra víctima, declaró que eran personas jóvenes, con un futuro por delante y que nadie tenía el derecho a poner fin a sus vidas, agregando: «Que se haga justicia para mí, es que se le aplique la pena máxima, yo no soy de hacer justicia con las manos, con lo que está en la ley, yo confío en la ley».
Alega el Teniente Coronel Yoelkis Céspedes , Segundo Jefe Departamento de la Dirección de Investigación Criminal y Operaciones (DGICO), que para el Ministerio del Interior y sus fuerzas estos hechos son de máxima prioridad, teniendo en cuenta la sensibilidad de los mismos y su gran peligrosidad social. En tal sentido argumenta que se sabe que «la vida del ser humano es lo más preciado y por tanto requiere de una mayor profesionalidad y un mejor resultado en el enfrentamiento a este tipo de delitos, para dar una mejor satisfacción a los familiares y al pueblo». Plantea igualmente que el 90 por ciento de este tipo de hechos son esclarecidos.
En calidad de Presidenta de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana, la letrada Daylin Naranjo Medina, informó que los marcos sancionadores aplicables a estas figuras delictivas llegan hasta 30 años de privación de libertad, previéndose la privación perpetua de libertad y hasta la pena de muerte. En tal sentido expresó: «Es así como los tribunales actuamos, no nos temblará la mano, no disminuiremos nuestro actuar en aras de dar la respuesta que hoy el pueblo para el cual trabajamos exige».
La sentencia ya fue dictada por dicho órgano judicial y contra esta se podrán interponer los recursos que la ley prevé. La sanción impuesta denota la rigurosidad con que son penados estos hechos de gran gravedad.
La situación de violencia en Cuba es alarmante. Este martes se dio a conocer por plataformas independientes la ocurrencia de dos feminicidios más en la isla, por lo que asciende a 67 el número de estos asesinatos en el transcurso del presente año, cifra que representa un aumento considerable de casos en relación al año anterior, en que el total fue de 36.
La plataforma «Yo sí te creo en Cuba» y la revista feminista «Alas Tensas», confirmaron otros casos alarmantes de feminicidio que involucran a las víctimas Yailén Bodaños Morales, Miriam Insern Mompié, Flavia Herrera Rodríguez, Elba Yipsi Pérez Álvarez y Yaidelín Figueredo Negrita, residentes en varias provincias del país, exigiendo la intervención del gobierno cubano a través de la adopción de medidas concretas y efectivas contra la violencia de género.
En relación a este tema el presidente de la isla, Miguel Díaz Canel Bermúdez expresó: » En Cuba se exagera cualquier hecho delictivo, fundamentalmente los casos de violencia y, en particular, los de violencia de género por un manifiesto empeño imperial de crear un clima de inseguridad y de desconfianza en la isla, Sin embargo, los datos presentados sobre violencia de género en la plataforma «Yo sí te creo en Cuba, que cuenta con la colaboración de observadores, activistas y periodistas independientes, pone en tela de juicio la afirmación del mandatario.
En sentido general, la sociedad civil cubana ha exigido de forma continua que se declare un estado de emergencia por violencia de género, ante el aumento de los feminicidios y su ocurrencia en todas las provincias del país.