Este martes el Tribunal del Distrito de Estados Unidos emitió una orden de ejecución a la oficina del mariscal del Distrito Sur de Florida para que realice la confiscación de bienes, dinero en efectivo y tierras pertenecientes al comisionado de Miami, Joe Carollo.
Dicha orden tiene como fin hacer cumplir lo dispuesto en la sentencia dictada en junio del año pasado, en virtud de la cual se le conminó a pagar la cuantiosa suma de $63 millones de dólares como indemnización por los daños y perjuicios causados a dos empresarios de La Pequeña Habana nombrados Bill Fuller y Martín Pinilla.
Precisamente cuatro meses después, en noviembre, un tribunal federal determinó el embargo de parte del salario percibido por Carollo, que anualmente es de $58000 y que, incluyendo los beneficios recibidos, asciende a $100000.
La sentencia fue el resultado de la demanda civil federal interpuesta en su contra por ambos negociantes, quienes alegaron que el funcionario abusó de su autoridad y desarrolló una fuerte campaña para que ellos cerraran sus establecimientos comerciales, utilizando a agentes de la policía y a los departamentos de cumplimiento de códigos, como represalia por haber brindado apoyo a su oponente político en las elecciones del año 2017.
En consecuencia, un jurado federal lo halló culpable por violar la Primera Enmienda de la Constitución Federal y le impuso el pago de la cantidad antes mencionada, que se distribuye en el pago de $8.6 millones por daños compensatorios y $25.7 millones por daños punitivos a Bill Fuller y $7.3 millones por daños compensatorios y $21.9 por daños punitivos a Martín Pinilla.
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