El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó esta semana que mantiene a Cuba en el máximo nivel de alerta, que es el nivel 3, por no cumplir los requerimientos internacionales en materia de la eliminación de trata de personas. Esto quiere decir que el régimen cubano no solo se desentiende de medidas encaminadas a erradicar este flagelo, sino que continúa facilitando que se materialice la trata para beneficio propio.
Una de las principales evidencias de tráfico de personas son las cuestionadas misiones médicas de cubanos a otros países que alimentan los bolsillos de la dictadura, mientras que los galenos perciben mucho menos del pago por sus servicios directos. Lo anterior desenmascara el presente Plan de Acción Nacional (PAN) 2023-2026 que recién aprobó el gobierno supuestamente para enfrentar la trata de personas.
El Departamento de Estados en su informe revela que el gobierno de La Habana continua su engañosa maniobra de enviar trabajadores al extranjero bajo promesas de buena remuneración y otras condiciones coercitivas. No son pocos los que van a cumplir «misiones» a los que el estado les confisca los pasaportes y durante su estancia en el exterior son vigilados constantemente por agentes de la Seguridad del Estado infiltrados como médicos, así como reciben poca remuneración por su labor.
Tanto los trabajadores de las misiones como sus familias son intimidados en caso de que intenten abandonar las misiones diplomáticas, una estrategia del estado cubano que en reiteradas oportunidades se documentan y denuncian por organizaciones no gubernamentales, gobiernos y otras organizaciones a nivel internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La dictadura está más que comprobado que se queda con la mayor parte del dinero devengado por los servicios médicos y de otra índole y engañan a los trabajadores sobre los términos de las contrataciones que se pueden diferenciar en dependencia de la nación en la que trabajen.
Lo más alentador de esta situación es que el régimen no suspende esta explotación moderna y sigue enviando a sus ciudadanos a trabajar en condiciones desventajosas a África, América Latina y Asia, incluso han llegado a enviar tropas a la guerra de Rusia contra Ucrania y hacen creer a la comunidad internacional y a su pueblo de que son misiones solidarias cuando en el trasfondo es un engranaje de trabajo forzoso que solo beneficia al poder de la isla.
La justicia cubana articulada con la cúpula comunista tampoco parece servir a los intereses sociales ya que el procesamiento de este tipo de delitos cada vez se enfrenta menos. Durante el año 2022 según cifras oficiales solo seis personas fueron víctimas de abusos sexuales, el más bajo en diez años atrás, pero además desde el punto de vista laboral no hubo ningún proceso relacionado a la explotación.
Para nadie es un secreto que los mismos dirigentes del estado y el gobierno cubano están involucrados con casos de trata de personas lo cual denuncia también en su informe el Departamento de Estado ya que pone contra la pared a las víctimas que sienten una amenaza por las consecuencias que puede traer consigo hacer denuncia contra los funcionarios.
En los últimos años varias son las acusaciones en contra de la dictadura por el envío de personas a combatir en la guerra ruso-ucraniana, incluso se les ha facilitado el viaje a quienes se dirigen a Rusia a través de la aceleración de los pasaportes o la omisión de cuños de salida del país. En septiembre de 2023 un cubano que fue oficial de las FAR en Cuba denunció que tanto él como otros cubanos no les pusieron cuños para viajar al país euroasiático.
“Ninguno de nosotros salió ilegal del país”, dijo el subteniente de las FAR Lázaro González en declaraciones a América Radio, después que él y 90 cubanos bajo su mando fueran reclutados en Cuba a través de un contrato con el ejército de Putin. A otros cubanos les mintieron con promesas de cumplir contratos de trabajo en esa nación en conflicto.
Al igual que las misiones médicas estas estrategias del gobierno de Díaz-Canel fueron y son desmentidas por parte de la comunidad internacional mediante mecanismos regionales involucrados como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin de desacreditar los intereses del gobierno con otros países mediando sus ciudadanos de por medio.
En consecuencia, las organizaciones internacionales y países interesados han incrementado la vigilancia e influencia sobre el gobierno de La Habana para que modifique sus políticas de trata de personas, contribuyendo así a darle un «tiro de muerte» a estas vergonzosas prácticas y no se vulneren los derechos humanos de los cubanos.
Los cubanos bajo estas condiciones están entre dos problemas fundamentales, por un lado, que son las víctimas directas de la trata de personas y por otro que no tienen un respaldo jurídico fuerte que les permita recibir la atención necesaria en este tipo de casos. Las pocas personas que se identifican no reciben apoyo ni del gobierno ni de ninguna institución estatal, al contrario, son criticadas por escapar de la explotación.
El Departamento de Estado instó en su informe al gobierno cubano a que respete las regulaciones internacionales en materia de trata de personas y en ese sentido proteger de este flagelo a los ciudadanos cubanos. En correspondencia hizo un llamado a la comunidad internacional a «continuar poniendo el dedo sobre la llaga» para que las víctimas cubanas cuenten con la protección de la justicia ante estos males de la sociedad cubana.
