La Corte Penal Internacional acogió una ampliación de una denuncia por semi-esclavitud de más de 5.000 médicos cubanos radicados en el extranjero, que tienen prohibido visitar a sus hijos en la Isla, informa Martí Noticias.
Según la demanda, esto se trata de un «drama de dimensiones terribles».
Por su parte Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, dijo en un evento celebrado en Madrid, que «estos padres no ven a sus hijos porque el gobierno cubano se lo impide. Esto es un crimen que además afecta gravemente a los derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y puede ser clasificado en el Estatuto de Roma como un crimen contra la humanidad de persecución».
También Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, dijo en su intervención, que la Unión Europea debe «hacer frente» a estos hechos, recordando de igual modo las violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Para Charanzova «ya es hora de que la gente en Europa sepa la verdad sobre las condiciones de vida y de trabajo de estos héroes médicos, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud».
Además el eurodiputado liberal Javier Nart advirtió que países democráticos participan en dichas violaciones.
Nart detalló que «es rigurosamente obsceno que países receptores y financiadores, que conocen lo que pasa, como la muy democrática Noruega, y miembros de la UE, como Luxemburgo y Portugal, actúen por delegación y financien esta explotación, en beneficio del régimen cubano».
La organización asegura que La Habana ingresó en 2018 más de 8.500 millones de dólares por este concepto, pero los trabajadores solo recibieron apenas un 15%.
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