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El pasado 19 de agosto se comenzaron a recibir las primeras solicitudes del programa de Parole in Place por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que permite a medio millón de inmigrantes esposos de ciudadanos estadounidenses gestionar su estatus migratorio en EE.UU y abrirse camino a la ciudadanía.
Sin embargo, un juez federal recientemente ordenó cancelar momentáneamente las solicitudes debido a una demanda que presentaron varios republicanos de 16 estados del país alegando que estimularía la inmigración ilegal. La reclamación que se presentó el 23 de agosto hizo que el juez del distrito de Texas J. Campbell Baker emitiera una suspensión administrativa.
En ese sentido el magistrado subrayó que la demanda de los republicanos merecía un análisis exhaustivo debido a la seriedad que revisten, pero todavía la corte no lo ha podido realizar. Lo más probable es que la ordenanza de Campbell dure par de semanas en lo que se estudia el caso por la corte.
La noticia la compartió el reportero de inmigración y política Camilo Montoya-Gálvez quien en su cuenta de X escribió: «El juez federal J. Campbell Barker bloquea temporalmente a los funcionarios federales para que otorguen estatus legal a los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses bajo un nuevo programa de la administración Biden, concediendo una solicitud de 16 estados liderados por republicanos».
BREAKING: Federal judge J. Campbell Barker temporarily blocks federal officials from granting legal status to undocumented immigrants married to U.S. citizens under a new Biden administration program, granting a request from 16 Republican-led states.
Abogados de inmigración que están representando a sus clientes elegibles para este programa señalan que ya varios de ellos recibieron notificaciones que evidencian que sus solicitudes se recibieron antes de la suspensión. La letrada Karen Tumlin fundadora y directora del Justice Action Center y quien se especializa en derechos civiles y derechos de los inmigrantes subrayó que esta decisión troncha las esperanzas de miles de inmigrantes que «viven con el miedo constante de ser separadas» y calificó la noticia como «desgarradora».
Breaking: a federal district court in Tyler, TX has issued a TRO barring the federal government from granting applications filed under the new Parole in Place process. This is heart breaking news for thousands of couples who live with constant fear of being separated.
Así mismo recalcó que: «Texas no debería tener el poder de decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin enfrentar la realidad».
Hace más de dos meses la administración del presidente Joe Biden dio a conocer el programa que beneficia a esposos y esposas de ciudadanos cubanos y a los hijos de estos que no sobrepasen la mayoría de edad. Este programa que ya existía establece que las personas que estén casados con ciudadanos estadounidenses lleven más de diez años en EE.UU, no tengan documentos legales y no representen una amenaza para la seguridad nacional puedan allanar el camino hacia la residencia, algo que anteriormente se tornaba difícil que en no pocos casos terminaba en el regreso de los migrantes a sus países de origen sin la seguridad de poder volver a entrar a Estados Unidos.
Esta iniciativa resalta aún más en un escenario complejo ante una ola migratoria y sobresale como un factor relevante de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
Otro de los requerimientos es que el solicitante abone una tarifa de 580 dólares, así como presentar el llenado del formulario I-131F, donde argumenten por qué ellos necesitan el Parole in Place, así como un grupo de documentos que demuestren que ha estado en el país por ese período de tiempo de forma estable.
Los solicitantes que tienen antecedentes penales o tuvieron alguna orden de deportación no califican para el programa que beneficia con la residencia permanente a 500.000 cónyuges de ciudadanos y sus hijos en la edad establecida. Toda vez que reciban la correspondiente aprobación del DHS tendrán un período de tres años para realizar su trámite de residencia permanente.
Lo anterior quiere decir, y de hecho se recomienda por los abogados de inmigración, que las personas deben preparar con antelación las carpetas con todos los documentos necesarios, tales como certificaciones de nacimiento, matrimonio. También deben tener a la mano los datos de información ciudadana y de trabajo, así como los documentos que muestren su estancia en la nación norteña por al menos diez años.
Una de las preocupaciones de los solicitantes y sus representantes legales es si el programa seguirá vigente si se materializa el triunfo del candidato a la Casa Blanca por el partido republicano Donald Trump quien promete revertir algunas políticas sobre inmigración del actual mandatario Joe Biden.
