Los ciudadanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que se benefician del programa de parole humanitario aprobado por la administración Biden a finales de 2022 y ampliado en enero de 2023 deberán regularizar su estatus migratorio antes de los dos años de permanencia en Estados Unidos, de acuerdo a una declaración de un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU (DHS por sus siglas en inglés) o en consecuencia los podrían deportar a sus respectivas naciones.
Un artículo que publicó el periodista Jorge Cancino detalla que cualquiera de las variantes de libertad condicional que otorguen las autoridades tienen un tiempo de duración no mayor a dos años, pero «aquellos a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración, deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, serán colocados en procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad condicional”.
En ese tiempo pueden acogerse a otros programas estadounidenses disponibles para poder permanecer por más tiempo en el país. Sin embargo, según lo que establece el DHS quienes no logren obtener asilo ni otro beneficio para migrantes deberán salir del país una vez que su término de libertad condicional concluya.
El programa de parole humanitario surgió como una respuesta a la creciente y desmedida situación migratoria en la frontera con México después de que miles de personas atraviesan toda Centroamérica para llegar, siendo víctimas de extorciones, estafas y muchas otras violaciones de los derechos humanos y de los migrantes.
Gran parte de estos migrantes provienen de dictaduras comunistas como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua que huyen de la represión de sus gobiernos las graves crisis que atraviesan estos países por las retorcidas medidas económicas que aplican para oprimir a los pueblos, típicas tácticas del socialismo. En un primer momento como se explicaba anteriormente se aprobó para los venezolanos en el 2022 que generaron cierta presión en la frontera mientras pretendían ingresar a territorio estadounidense.
Posteriormente se amplió con el fin de garantizar un flujo migratorio seguro y ordenado siempre que los beneficiados y sus patrocinadores en EE.UU cumplieran una serie de requisitos económicos y de seguridad que no pusiera en riesgo la Seguridad nacional del país. Igualmente deben someterse a controles biométricos y biográficos para que las autoridades conozcan si posee antecedentes penales o ha estado involucrado en delitos de tráfico de personas.
Una de las ventajas de este programa es que permite a los que ingresan al país por esta vía poder trabajar de forma legal mientras permanecen en EE.UU. Sin embargo, no quiere decir que el permiso otorga la residencia permanente, aunque en el caso de los cubanos, si se mantienen un año y un día dentro del país pueden aplicar a la Ley de Ajuste Cubano y allanar su camino hacia la ciudadanía estadounidense.
Esta posibilidad les sirve a aquellas personas que huyen de sus países por disímiles motivos para que de forma temporal tengan un alivio viviendo en un país de libertades y con amplias oportunidades laborales y de crecimiento económico y a su vez puedan buscar variantes para tratar de establecerse legalmente, pero quienes no logren este objetivo tienen que abandonar el país y regresar a sus naciones una vez que venza el plazo.
Después que se reanudó la aprobación de viajes del programa por parte del gobierno estadounidense de conjunto con un grupo de medidas de seguridad se prevé que disminuyan los hechos fraudulentos y abusos en el sistema migratorio. En esta ocasión las autoridades estadounidenses buscarán que los beneficiarios y sus patrocinadores cuenten con los requisitos que exige el DHS y quienes no los cumplan podrían enfrentarse a severas sanciones penales.