El gobierno de Estados Unidos emitió una sobria advertencia a los agentes del orden público de Venezuela sobre el uso de excesiva fuerza en las manifestaciones de protestas previstas para el miércoles, recordándoles que serán juzgados individualmente por sus acciones.
El pronunciamiento fue emitido un día después que el gobernante Nicolás Maduro anunciara que había aprobado planes para armar con fusiles a 500,000 milicianos.
Ese plan “llevará a Venezuela al desastre”, advirtió un alto funcionario del departamento de Estado en una conferencia telefónica con periodistas.
“Aquellas personas involucradas en la represión criminal de actividades democráticas pacíficas, del socavamiento de instituciones y prácticas democráticas y de graves violaciones de los derechos humanos serán personalmente responsabilizados por su acciones, por el pueblo venezolano, sus instituciones y por la comunidad internacional”, dijo el funcionario.
“Recordamos a la fuerza pública, a los integrantes de la policía, del Ejército y de la Guardia Nacional, así como a los miembros del sistema judicial sobre sus responsabilidades legales y constitucionales de proteger, no prevenir, las manifestaciones pacíficas”, insistió.
La administración de Donald Trump actualmente cuenta con una ley que permite la introducción de sanciones individuales contra funcionarios del gobierno venezolanos involucrados en violaciones de los derechos humanos y prácticas de corrupción.
La legislación, que hasta el momento ha sido utilizada contra un número reducido de funcionarios chavistas, continua vigente y puede ser utilizada para congelar activos y suspender visas.
El pronunciamiento del departamento de Estado se suma a una serie de advertencias similares emitidas por la comunidad internacional en reacción a las señales brindadas por los máximos dirigentes del régimen de Nicolás Maduro de que incrementará la represión para contener las masivas manifestaciones de protestas convocadas para el miércoles.
Previamente, un grupo de once países latinoamericanos emitió un comunicado instando al “gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que garantice el derecho a la manifestación pacífica”.
La Unión Europea también se pronunció, señalando que “observa con preocupación la situación de intensa agitación política y social que está viviendo Venezuela”, e hizo un llamado para que las autoridades respeten los derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos venezolanos por la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
(Con información de el Nuevo Herald)
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