El gobierno estadounidense evalúa un grupo de medidas encaminadas a recrudecer el proceso de solicitud de asilo sin la aprobación del Congreso. Las pretensiones tienen como objetivo principal que los migrantes que no cumplan con los requisitos se deporten de forma rápida, según expresaron tres funcionarios estadounidenses que conocen sobre el análisis.
Las acciones son un intento de disminuir el acceso de migrantes de forma ilegal por la frontera sur con México, teniendo en cuenta que el tema de la inmigración es un factor clave para las elecciones de noviembre de este año.
Por lo que se conoce los funcionarios de asilo obtendrán una preparación especializada para aumentar los requisitos en sus entrevistas del miedo creíble, considerada como la primera evaluación a que se someten los inmigrantes para eludir la deportación por entrar ilegalmente al país.
Se indicaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que priorice la deportación de aquellos que recién ingresan al país al decir de los funcionarios inmersos en una política de «el último en entrar, el primero en salir». Un asistente del congreso conocimiento del tema afirmó que el presidente aún tiene que tomar una decisión. No obstante, la deportación y el recrudecimiento de los requisitos de asilo son medidas que se pueden tomar rápidamente.
Todavía no se precisa si estas disposiciones se materializarán por medio de órdenes ejecutivas o por una regulación federal, lo cual podría abarcar varios meses por su importancia y diligencias. Estas medidas no son nuevas solo que se están analizando con más determinación teniendo en cuenta la situación que presentan los puntos fronterizos del país. Además, la administración de Biden pretende calmar el ambiente que se creó tras los republicanos obstaculizar las disposiciones de seguridad fronteriza en el Suplemento de Seguridad Nacional.
Si no se aprueba un proyecto de ley, la decisión que tome Biden no tendrá mucho resultado, teniendo en cuenta que el Departamento de Seguridad Nacional no cuenta con suficientes fondos. ICE cuenta con un déficit de más de 500 millones de dólares. Lo más probable es que en el quinto mes del año reajuste sus servicios sin más apoyo financiero del Congreso, según fuentes de NBC News.
Un funcionario del DHS comentó su desconfianza sobre la política de “el último en entrar, el primero en salir”. Lo anterior está dado a que de ponerse en práctica pasarían a segundo plano millones de personas que ya están dentro de Estados Unidos, incluso en condiciones sensibles. Además, estas personas tuvieran que esperar más tiempo por la solución de sus casos quedando en un limbo legal.
El portavoz agregó además que: «Si el Congreso se niega una vez más a proporcionar los fondos críticos necesarios para apoyar las misiones vitales del DHS, estaría perjudicando los esfuerzos del DHS para imponer consecuencias duras y oportunas a quienes no tienen una base legal para permanecer en el país».
“Existen límites reales a lo que podemos hacer dada la financiación actual porque el Congreso no ha aprobado un presupuesto ni ha respondido a las dos solicitudes de presupuesto suplementario del presidente. Nuevamente hacemos un llamado al Congreso para que actúe y proporcione los fondos», concluyó el portavoz.