Después del error cometido relacionado con la filtración accidental de información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno estadounidense no deportará a los inmigrantes cubanos afectados que no clasificaron en el miedo creíble, permitiéndoles reabrir sus peticiones de refugio nuevamente.
La jefatura de DHS tomó la decisión de congelar inmediatamente el proceso de deportación a Cuba de los casos de inmigrantes cubanos afectados con la transmisión de datos confidenciales al régimen cubano, también les fue enviadas cartas a los afectados informándoles sobre la decisión, según fuentes oficiales.
La carta enviada a los cubanos detenidos recoge que:
“Considerando caso por caso y en dependencia de su elegibilidad, el ICE conducirá una revisión de la custodia para valorar si su liberación es apropiada”
Aunque hasta el momento ni el DHS ni la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han emitido una declaración oficial sobre el asunto, en las últimas horas autoridades federales enviaron cartas a los cubanos afectados con la información de que podrían ser liberados y tendrán la opción de volver a presentar sus peticiones de asilo.
El procedimiento a seguir en estos casos se desconoce, no obstante los detenidos tendrán una segunda oportunidad de que sus casos sean analizados nuevamente ante un tribunal de inmigración y se determine finalmente cómo quedará su estatus migratorio en Estados Unidos.
La imprudencia de DHS desató el primer problema el 28 de noviembre, cuando la agencia publicó en su sitio digital un listado de unos 6,000 deportables de varias nacionalidades, entre ellos medio centenar cubanos. La relación publicada por error contenía datos confidenciales y resultados de la evaluación de miedo creíble de las personas, por lo que fue retirada de internet al cabo de cinco horas.
La ampliación del error en el caso de los cubanos se produjo el 7 de diciembre, cuando un funcionario de DHS informó indebidamente a las autoridades cubanas que en el listado publicado por error figuraban detenidos que habían solicitado protección en Estados Unidos por ser víctimas de persecución o tortura en la isla.
La ley federal impide revelar datos confidenciales de personas detenidas en Estados Unidos a un gobierno extranjero.
