Embajada de EEUU en La Habana da a conocer el papel que tendrá en el proceso del nuevo parole humanitario, que ofrece el programa recién anunciado por la administración de Joe Biden, para cubanos, nicaragüenses y haitianos.
Un funcionario de la sede diplomática explicó en redes sociales que este proceso de solicitar el visado (parole) humanitario, se inicia y aprueba en Estados Unidos con las autoridades del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés), y que la Embajada de Washington en Cuba no se involucra en el proceso hasta la fase final, cuando ya el caso haya sido aprobado por USCIS.
Una vez el caso haya sido aprobado por dicha entidad, es que la Embajada de EEUU se involucra y entrevista al solicitante y le entrega los documentos de viaje.
Asimismo sugirieron para obtener más información sobre el nuevo proceso, debe acceder al portal web de USCIS.
A través de otro comunicado de la sede consular en Facebook, aclararon que las personas que crucen ilegalmente la frontera después de que Washington anunciara el cambio en la política migratoria el pasado 5 de enero, «no podrán acogerse al proceso probatorio y serán expulsadas a México, que aceptará el retorno de 30.000 personas al mes de estos cuatro países (Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití) que no utilicen estas nuevas vías».
Se sabe hasta el momento que quienes quieran solicitar la visa (parole) humanitario, deberán ser patrocinadas por una persona que sea ciudadano de los EEUU o tenga residencia legal en el país, y luego de estar en territorio estadounidense podría beneficiarse con un permiso de trabajo por dos años, sin embargo, al término de este tiempo tendrían que salir del país.
No obstante, en el caso de los isleños podrían acogerse a la Ley de Ajuste, mientras exista, lo que les ofrecería la posibilidad de aplicar para la residencia permanente al año y un día de residir en EEUU.
Los beneficiarios de este parole humanitario tampoco podrían pedir ninguna ayuda al gobierno, ya que el patrocinador, sería el encargado de sustentar económicamente a la persona en cuestión mientras esté en Estados Unidos, y no pueda acceder a un empleo, tal y como sucede con las personas que vienen al país reclamados por sus familiares.
