En el día de ayer los empresarios de La Pequeña Habana, Bill Fuller y Martin Pinilla, quienes ganaron el año pasado el proceso judicial iniciado en contra del comisionado Joe Carollo, presentaron ante el tribunal una nueva demanda con la pretensión de que sea destituido de su cargo.
En la primera demanda, de carácter civil, interpuesta por ambos negociantes, estos alegaron que el funcionario abusó de su autoridad para desarrollar una fuerte campaña dirigida a lograr el cierre de sus establecimientos comerciales, valiéndose de agentes de la policía y de los departamentos de cumplimiento de códigos, en represalia por el apoyo brindado a su oponente político.
En junio del pasado año, un jurado federal determinó que Carollo había vulnerado lo dispuesto en la Primera Enmienda de la Constitución Federal y lo condenó a pagar a los empresarios más de $63 millones de dólares como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Con el fin de ejecutar dicha sanción, los órganos judiciales involucrados han ordenado el embargo de parte del salario del comisionado, así como la confiscación de bienes, dinero en efectivo y tierras que sean de su propiedad.
Sin embargo, en el escrito de este martes, los demandantes argumentaron que Carollo había violado la Declaración de Derechos de los Ciudadanos contenida en los Estatutos de la Ciudad de Miami y que por tanto debía cesar en el ejercicio de sus funciones.
Al respecto señalaron: «(…) por haber violado intencionalmente la Declaración de Derechos de los Ciudadanos, debe inmediatamente perder su cargo o empleo».
El funcionario, por su parte, insiste en que es inocente, indicando a través de un comunicado: «Es evidente que están sumamente molestos porque no han podido someterme en mi rol honesto y compromiso como servidor público», agregando: «Como estrategia, persisten en tratar de intimidar a los residentes de Miami y a los empleados honestos de la ciudad, mostrándoles el costo de enfrentarlos».
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