Entran en vigor medidas del régimen dirigidas al sector privado en Cuba

Tal y como se anunció por el régimen cubano a mediados del mes de julio en el tercer período ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular a partir del día de ayer 18 de septiembre comenzaron a surtir efecto las nuevas medidas económicas que más bien son restricciones contra las Micro Pequeñas y Medianas Empresas conocidas como Mipymes y los trabajadores por cuenta propia (TCP).

El primer ministro Manuel Marrero Cruz en su discurso había anunciado que estas restricciones tienen el objetivo de encaminar el sector privado de la isla e ir corrigiendo algunas «distorsiones» que rozan la barrera de la ilegalidad en no pocos casos. Una de las principales medidas es la descentralización de la aprobación de las mipymes y las cooperativas no agropecuarias ya que el municipio es el que más conocimiento tiene de las necesidades de la población.

No obstante, se mantiene la forma de solicitar por la plataforma de actores económicos. El propio municipio tendrá la facultad de aprobar los negocios de su territorio ateniendo a las necesidades de este. En ese sentido los nuevos emprendimientos tendrán que cumplir con los objetivos para lo que fueron creados y no desviarse de estos tal y como estaba sucediendo desde que comenzaron a aprobarse las mipymes.

Para un mayor control de estas empresas el régimen también pretende crear un Instituto para la Atención a los Actores Económicos No Estatales que tendrá su propia sede y una estructura organizativa capaz de velar porque se cumpla la legalidad y los estatutos para los que se crearon. Dentro de sus funciones principales estará el control a las mipymes y tributar toda la información correspondiente al aparato central del estado.

Con respecto a los trabajadores por cuenta propia el gobierno cubano también tiene sus restricciones y nuevas reglas que contribuyen a tener un control de cómo están funcionando. En ese sentido se estableció que el pago a los empleados debe realizarse a través de transferencias bancarias teniendo en cuenta que esto permite que el estado tenga mayor control de las finanzas de estos negocios y a su vez facilitará que tengan un mayor acceso a los créditos bancarios.

Se prohíbe que socios, administradores de negocios entre otros tengan antecedentes penales, supuestamente esto permitirá a la legalidad del negocio. También se emitieron varias ordenanzas desde el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) que garantizarán el cumplimiento del aporte fiscal correspondiente para cada una de estas empresas y negocios.

Al respecto se suspenden las exenciones fiscales que facilitaba a los TCP en sus primeros meses no abonar ningún dinero para que lograran levantar el emprendimiento. Igualmente se abolieron las ayudas tributarias que tenían los socios gracias a las ganancias que se derivaban de sus servicios. A la vez el procedimiento de «pronto pago» que permite pagar sus impuestos antes del 28 de febrero aplicándose un descuento continúa vigente para seguir incentivando a los empresarios apagar el fisco.

Los dirigentes y funcionarios de la dictadura cubana manifiestan que estas nuevas regulaciones buscan un mejor funcionamiento de las empresas no estatales para que «caminen por la senda de las empresas estatales» desde el punto de vista del control de los recursos. Así mismo controlará la declaración de los impuestos tributarios que en muchos casos están por debajo de lo que generan sus emprendimientos.