Recientemente, la expresidenta del Tribunal Municipal Popular de Encrucijada, Melody González Pedraza, quien está solicitando asilo político en Estados Unidos, tras condenar a prisión a cuatro jóvenes con anterioridad a su salida de la isla, dio a conocer que no encuentra un abogado que la represente en el proceso legal que está enfrentando a los efectos de demostrar que merece el otorgamiento de tal beneficio.
La exfuncionaria arribó a la nación norteña el anterior mes de mayo por el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, en virtud del programa de parole humanitario, pero las autoridades competentes le negaron la entrada a dicho país precisamente por su historial represivo en Cuba, por lo que optó por pedir asilo y actualmente se encuentra detenida en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, desde donde ha manifestado su enorme decepción al ser tratada como una «vil criminal».
En declaraciones ofrecidas a Diario Cuba, González Pedraza expresó: «Cuando llegué a este país creí que había llegado a la libertad y que podría gritar todo lo que he padecido y sufrido. Nunca pensé que me iban a esposar de manos y pies y a tratarme como una vil criminal. Los primeros días de mi detención fueron terribles. Fui sometida a una opresión como nunca permití en mis 18 años de profesión que se lo hicieran a ningún detenido en mi presencia».
Asimismo, destacó: «Ha sido lo más humillante que he vivido».
El próximo 31 de julio la exmagistrada comparecerá en juicio, pero señaló que sus probabilidades de quedar en libertad son mínimas, ya que hasta el momento no ha sido notificada de los cargos impuestos y tampoco ha tenido la oportunidad de presentar la documentación relacionada con la petición de asilo.
Al respecto alegó: «No creo que tenga opciones, principalmente porque aún mi familia no ha podido contratar un abogado. Son varios a los que hemos llamado, tanto mi familia como yo desde este lugar, por ética no mencionaré sus nombres, pero hasta ahora solo he recibido negativas y excusas. Esto es frustrante…»
Si bien califica la situación por la que está atravesando como una absoluta injusticia, también comprende en cierta medida el comportamiento asumido por los abogados. En tal sentido, comentó: «No cualquiera puede estar dispuesto a ser vituperado si me representa. Aunque las personas digan lo contrario, a todos les preocupa el daño moral y mantener una reputación; ni siquiera uno gratuito ha contestado».
Esta mujer integró el Partido Comunista de Cuba y fue incluida por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en su lista negra como «represora de cuello blanco». Su caso ha sido ampliamente divulgado y según ella al ingresar en el mentado centro de detención, tanto oficiales como reclusos ya conocían los motivos de su llegada. «Todos me miran con recelo y todavía de los balcones me gritan ofensas cuando salgo al patio a la recreación», confesó.
Igualmente, recalcó: «Soy una mujer de una familia humilde. No había salido apenas de Villa Clara y es muy estresante saberme en boca de tantas personas».
A pesar de los actos de repudio de que ha sido víctima, González Pedraza reconoce que las condiciones del centro en cuestión son «mejores que en las que viven mis padres en Cuba». Además, no existe discriminación por parte de las autoridades de dicha instalación y ella se ha dedicado a velar por su salud y a estudiar inglés.
La exjueza asistió a su primera audiencia de asilo en Estados Unidos el pasado 12 de junio.
El abogado y también director de la ONG Cuba Demanda, Santiago Alpízar, se comunicó con Martí Noticias y en relación al tema dijo: «Se le ha instruido un master hearing el 31 de julio, a la 1:00 pm. Allí tendrá que mostrarle al juez Barry S. Chait cuáles son los méritos para obtener un asilo político que, en mi opinión, no los tiene».
De acuerdo a la información ofrecida por el citado medio, González Pedraza dictó una sentencia judicial el 8 de mayo de 2024 al amparo de la cual sancionó con privación de libertad a cuatro jóvenes menores de treinta años, quienes fueron acusados de cometer atentado por lanzar supuestamente cócteles molotov contra un jeep y viviendas de jefes de la Policía y la Seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada, el 18 de noviembre de 2022.
La exmagistrada condenó a cuatro de años de cárcel a Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza y, a tres años, a Adain Barreiro Pérez.
El proceso judicial no contó con las garantías fundamentales y se presume que en su resultado influyó de manera significativa la Seguridad del Estado, al igual que ocurrió con los manifestantes del 11 de julio. Prácticamente solo se tomaron en cuenta los testimonios de los agentes del régimen.
Las madres de los detenidos han denunciado desde la isla las injustas decisiones adoptadas por la exjueza, así como su enorme insatisfacción ante el hecho de que esta haya sido favorecida con el programa de parole.
