EEUU denunció diversos casos de violaciones a la libertad religiosa en Cuba y en el mundo, en su informe al respecto de 2018, dio a conocer Martí Noticias.
El Departamento de Estado que se basó para su informe en reportes de agencias y sitios de prensa como Radio Televisión Martí, Diario de Cuba, y en información de organizaciones como Solidaridad Cristiana Mundial (CSW), y Ayuda Humanitaria Evangélico-Cristiana para Cuba (EchoCuba), denuncia en su informe el hostigamiento y detenciones arbitrarias a miembros de grupos religiosos en la Isla comunista.
Entre ellos señaló al grupo opositor femenino Damas de Blanco, quienes abogan porque exista una mayor libertad religiosa y política en Cuba.
De igual modo expuso el caso del preso político Mitzael Díaz Paseiro, y de su esposa la opositora Ariadna López Roque, a quienes menciona como ciudadanos hostigados por las autoridades mientras intentaban ejercer sus derechos a la libertad de religión, en esta categoría también menciona a Leonardo Rodríguez, coordinador del Instituto Patmos.
La membresía de las iglesias protestantes ronda el 5% del total de la población cubana (unos 11.1 millones de habitantes), indican algunas de las cifras recogidas por el informe del Departamento de Estado, que estima que entre el 60 y 70% de la población cubana se identifica con la Iglesia Católica.
Aproximadamente 150.000 miembros reportaron las Asambleas de Dios, al tiempo que estiman una membresía de 100 mil en las cuatro convenciones bautistas existentes.
De 2.000 a 3.000 cubanos se identifican con otros grupos religiosos, incluida la fe islámica.
El informe expone que el Ministerio de Justicia en Cuba incide en la elegibilidad para que las denominaciones puedan asentar sus grupos en el registro oficial, pero lo hace atendiendo a que dichas denominaciones «tienen objetivos idénticos o similares a otros, o que sus actividades podrían dañar el bien común».
Lo que significa que «si el MINJUS otorga el registro oficial, el grupo religioso debe de solicitar el permiso a la Oficina de Asuntos Religiosos cada vez que quiera realizar actividades, como celebrar reuniones, recibir visitantes extranjeros, importar literatura religiosa, reparar y/o comprar lugares de culto.
Washington critica el accionar del MINJUS que en una de sus prácticas «decidió que un grupo religioso duplicaba las actividades de otro, les negó el registro y les aconsejó a iglesias apostólicas que se unieran a otras ya registradas».
Además indica que la libertad religiosa sigue siendo limitada en Cuba, pese a las leyes, que supuestamente prohíben la discriminación por este motivo.
Por otra parte el informe explica que el régimen «utilizó amenazas, detenciones y otras tácticas coercitivas para restringir ciertas actividades de líderes y grupos religiosos y aplicó la ley de manera arbitraria».
«El gobierno continuó aplicando su sistema de recompensar a las iglesias que eran obedientes y simpatizaban con los “valores e ideales revolucionarios” y penalizan a los que no lo son, concluye el Departamento de Estado en un informe, que cita en uno de sus apartados a EchoCuba.
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