El informe anual del gobierno de Estados Unidos sobre derechos humanos incluye a Cuba y menciona actos de «Torturas y otros tratos o castigos crueles» según el Departamento de Estado.
«Torturas y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes a personas percibidas como opositores políticos» dijo el informe.
Acting Secretary Sullivan: Promoting #humanrights and the idea that every person has inherent dignity is a core element of @POTUS Trump's foreign policy. It also strengthens U.S. national security by fostering greater peace, stability, and prosperity around the world. pic.twitter.com/4yRGkaoCsA
— Department of State (@StateDept) April 20, 2018
condiciones penitenciarias tan severas que ponen en riesgo la vida humana; detenciones y arrestos, en ocasiones violentos, por motivos políticos; una total falta de independencia de los tribunales; procesos judiciales que en la práctica dejan a los acusados sin más alternativa que defenderse a sí mismos y tratar de probar su inocencia; y la existencia de presos políticos en las cárceles fueron algunos de los problemas redactados en el informe.
«Hubo informes, sin embargo, de que miembros de las fuerzas de seguridad intimidaron y agredieron físicamente a defensores de los derechos humanos y prodemocracia, disidentes políticos y otros detenidos y presos durante la detención y el encarcelamiento, y que lo hicieron con impunidad. Algunos detenidos y prisioneros también sufrieron abusos físicos por parte de otros reclusos con la aquiescencia de los guardias», dice el reporte del Departamento de Estado publicado el viernes.
El reporte destaca la resistencia del gobierno cubano a aceptar la existencia de prisioneros políticos y la negativa a brindar acceso a prisiones y centros de detención a organizaciones humanitarias internacionales y, especialmente, a las Naciones Unidas.
El número exacto de presos políticos fue difícil de determinar, aunque las organizaciones independientes de derechos humanos estimaron que había entre 65 y 100 presos políticos”, indica el informe.
“El gobierno usó la designación de «contrarrevolucionario» para los reclusos considerados como oposición política, pero no publicó esos números. El gobierno monitoreó de cerca a las organizaciones que rastrean a las poblaciones de prisioneros políticos, que a menudo enfrentan hostigamientos por parte de la policía estatal”, continua.
Sobre la libertad de expresión el informe dijo que el gobierno de Cuba ha mostrado “poca tolerancia al ejercicio de la crítica pública de los funcionarios y programas gubernamentales y limitó el debate público sobre temas considerados políticamente sensibles”.
“El gobierno restringió el acceso a Internet y hubo informes fidedignos de que monitoreó sin la debida autorización legal el uso de correos electrónicos, redes sociales, salas de chat en Internet y navegación por parte de ciudadanos y extranjeros”, plantea el reporte.