Interponen demanda en Miami contra la reciente ley estatal para combatir la inmigración ilegal

El miércoles, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes anunciaron la intención de presentar una posible reclamación colectiva para cuestionar la legalidad de una reciente legislación en Florida orientada a controlar a los inmigrantes sin documentación.

La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, la Coalición de Inmigrantes de Florida y dos individuos han interpuesto una demanda en un tribunal federal ubicado en Miami. Esta acción legal cuestiona una normativa (SB 4-C) que fue sancionada durante una sesión legislativa extraordinaria en el mes de febrero.

La legislación, en cierta medida, estableció infracciones a nivel estatal para aquellos inmigrantes sin documentos que entran o vuelven a Florida. La querella argumenta que esta normativa infringe la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE. UU., dado que la implementación de las políticas migratorias es competencia del gobierno federal.

Varios legisladores que representan a los demandantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Americans for Immigrant Justice dijeron al respecto: «Bajo este novedoso sistema, el estado de Florida ha creado sus propios delitos de inmigración, completamente fuera del sistema federal de inmigración».

«La policía estatal arrestará a los no ciudadanos por estos delitos de entrada y reingreso; los fiscales estatales presentarán cargos en los tribunales estatales; y los jueces estatales determinarán la culpabilidad e impondrán sentencias», agregaron. También explicaron que el gobierno federal no posee el control de estas detenciones y juicios, así como no participa en ellos de ninguna forma.

La querella sostiene que se ha quebrantado una Cláusula de Comercio de la Constitución teniendo en cuenta que controla de manera inadecuada el acceso de personas al Estado del Sol y crea obstáculos que sobre caen en el extranjero y entre los estados.

El análisis se desarrolló en febrero después que Ron DeSantis y otros legisladores de su partido coincidieron en seguir las políticas del presidente Trump relacionadas con la inmigración. La normativa que menciona la demanda forma parte de las leyes de inmigración que se aprobaron en las sesiones especiales desarrolladas con anterioridad.