Juez federal anula el programa «Parole in Place»

Este jueves el juez federal J. Campbell Barker dejó sin efectos en Texas el programa «parole in place», implementado por la administración Biden. Dicho programa ofrecía a los inmigrantes que hubiesen contraído matrimonio con ciudadanos estadounidenses y que estuviesen indocumentados la posibilidad de obtener un estatus migratorio legal en Estados Unidos sin necesidad de abandonar este país, garantizando así la unidad familiar.

Y es que el pasado mes de agosto el fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto a America First Legal, presentó ante la Corte del Distrito Este de Texas, una demanda promovida por 16 estados republicanos, contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), su secretario Alejandro Mayorkas y otros funcionarios de la administración Biden, que solicitaba poner fin al programa en cuestión.

De hecho, el propio Paxton reveló que la pretensión de la demanda era anular dicha regulación migratoria al amparo de la cual los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses podían acceder a la residencia permanente en Estados Unidos sin tener que salir de esta nación, quedando protegidos de tal manera contra posibles deportaciones.

Al respecto, señaló: «Este cambio permitiría que ciertas clasificaciones de inmigrantes ilegales obtengan el estatus de residente permanente mientras permanecen en Estados Unidos en violación de la ley federal».

Paxton alegó que la normativa no se aviene con lo establecido en la Constitución de Estados Unidos y que vulnera tanto la Ley de Procedimiento Administrativo como la ley federal imperantes, basándose en estos argumentos para solicitar al citado órgano judicial la adopción de una medida cautelar dirigida a suspender la aplicación de la política migratoria en tanto la misma fuese evaluada exhaustivamente en juicio.

Asimismo, enfatizó: «Con Joe Biden y Kamala Harris, el gobierno federal está trabajando activamente para convertir a Estados Unidos en una nación sin fronteras y un país sin leyes. No permitiré que esto suceda».

Los estados que respaldaron la demanda fueron Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.

Precisamente en el mismo mes de agosto, el magistrado J. Campbell Baker determinó interrumpir el desarrollo del programa para dar seguimiento al proceso judicial iniciado con la demanda en aras de analizar las cuestiones abordadas en la misma sobre la legalidad de la normativa.

La suspensión tuvo lugar una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional recibiera las primeras solicitudes de los interesados en beneficiarse con el programa.