Juez Federal bloquea política de asilo de la Administración Biden

Una nueva orden judicial de un juez federal ha detenido la implementación de las regulaciones recientemente establecidas por la administración Biden con respecto a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México.

La imposición de condiciones a los solicitantes de asilo, según dictaminó el juez federal de distrito Jon Tigar en Oakland, California, se ha considerado ilegal debido a su desviación de las intenciones originales del Congreso.

Tigar ha decidido posponer su propio fallo por un período de 14 días, lo que le brinda a la administración de Biden la oportunidad de apelar antes de que se aplique.

En mayo, se implementaron nuevas regulaciones en materia de asilo, introduciendo obstáculos significativos para los migrantes que intentan solicitar asilo luego de cruzar ilegalmente la frontera después de pasar por México o cualquier otra nación sin solicitudes previas de protección.

En sus escritos, Tigar afirmó que las personas que no son ciudadanos, pero ingresan al país a través de puntos no oficiales, utilizando un método aprobado que el Congreso diseñó específicamente para no afectar su elegibilidad para solicitar asilo.

Esta no es la primera vez que Tigar interviene para detener una política similar propuesta por la administración Trump, y varios defensores de los derechos de los inmigrantes lo instaron encarecidamente a hacerlo nuevamente en este caso particular.

El fallo fue celebrado por los defensores de los inmigrantes, quienes lo vieron como un triunfo significativo para quienes buscan asilo.

Durante la audiencia reciente, un representante legal del Departamento de Justicia sostuvo que la política implementada por la administración Biden se distingue de su predecesora durante la era Trump. Esta distinción surge principalmente de la integración de rutas legales novedosas para los migrantes que buscan protección.

El fallo provocó una respuesta instantánea del Departamento de Justicia, que declaró su intención de impugnar la decisión en un tribunal de apelaciones.