En manos de la Corte Suprema de la Florida se encuentra ahora la decisión final sobre el uso de las llamadas red-light cameras, o camaritas de luz roja en los semáforos, tras causar tanta polémica en el estado del sol.
Algunas municipalidades han desechado el uso del controvertido artefacto, entre ellas se encuentran Miami, Fort Lauderdale y los territorios aún administrados por el Condado Miami-Dade; mientras otros como Miami Beach, Tampa y Orlando lo siguen usando.
Este mes posiblemente se decida el futuro de más de 60 demandas que cuestionan el pago de unos 200 millones de dólares, y que aún no han sido abonados por los supuestos infractores.
Y ante la incapacidad del Congreso estatal de solucionar la problemática, el resultado de la máxima autoridad judicial de Florida, podría definir la manera en que las municipalidades atenderían el uso o no de las camaritas.
En 2017 una propuesta de ley, que regularía el uso del controversial aparato, fue aprobada por la Cámara de Representantes de Tallahassee, 91 a 22, pero no llegó a la presentación ante un comité especializado del Senado.
Insurance Institute for Highway Safety sacó un informe, en el que asegura que la infracción de luz roja es la causa número uno de los accidentes en los centros urbanos.
Los que apoyan la utilización de las llamadas camaritas afirman que “no se trata de una vía de recaudar dinero para las municipalidades”, sino más bien que evita accidentes en las vías.
El abogado Gonzalo Prieto, que atiende reclamaciones acerca de infracciones de tráfico, dijo a Diario Las Américas, “la gente le teme a las multas, así que cuando ven una luz amarilla frenan bruscamente; y el auto que viene detrás no tiene tiempo para frenar y se produce un accidente, que incluso puede ocasionar heridos”.
Por ahora las camaritas ya no funcionarán en el territorio de la ciudad de Miami, a partir del 13 de febrero, después de que se lograra suspender su uso el pasado mes de diciembre.
En aquella ocasión, el alcalde Francis Suárez, dijo sentirse feliz con la suspensión por tratarse de un reglamento “necesario para defender a las personas más vulnerables de Miami”, frente a las multas desmedidas.
(Con información de Diario Las Américas)
