«La situación en Cuba ha empeorado» fueron las palabras en Madrid del disidente cubano Guillermo Fariñas que aún después del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y que «los presos políticos son ahora entre 110 y 113».
El premio Sajarov 2010 a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo se reunirá, junto a otros tres opositores, entre hoy y el viernes en la capital española con representantes políticos y del ministerio de Asuntos Exteriores de España para exponer sus puntos de vista sobre la situación en la isla.
Los otros tres opositores son los líderes de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y de la Coalición Sindical Independiente, Iván Hernández, y el director de la director de la Asociación Jurídica Cubana, Wilfredo Vallín, quien se entrevistó esta semana en Ginebra con expertos de la ONU especializados en detenciones arbitrarias y libertad de expresión.
Hoy serán recibidos en Madrid por el diputado del gobernante Partido Popular Teófilo de Luis, de origen cubano, y, antes de regresar a La Habana, se entrevistarán el viernes con algún representante del ministerio de Exteriores, según dijo en rueda de prensa la presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Elena Larrinaga.
La disidencia cubana presentó en Madrid el «Petitorio de Ginebra», en el que doce firmantes – entre ellos los cuatro que comparecieron y el escritor Amir Valle – reclaman que «el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos sea prioritario en los diferentes procesos de negociación política, económica y diplomática» que se emprenda en la isla, ya sea de carácter bilateral o multilateral, durante la nueva etapa.
El documento también pide a las empresas extranjeras con intención de invertir en Cuba que «cumplan las normativas laborales internacionales, las responsabilidades sociales y el comportamiento ético que se les exige en sus países de origen».
El «Petitorio de Ginebra» demanda, asimismo, la liberación de los presos políticos, el compromiso con los valores democráticos, el respeto a la propiedad privada y un proceso de reformas «que beneficie a los más pobres y desamparados».
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