Los tribunales de inmigración en EE.UU., entre ellos el de Miami, saturados por los millones de casos pendientes

La acumulación de casos pendientes en los tribunales de inmigración en Estados Unidos es una tarea pendiente para el gobierno. La acumulación. La avalancha de casos que sobrevino al país como consecuencia de la oleada migratoria el año anterior provocó que los casos aumentaran a más de un millón en el último año fiscal. Según datos oficiales que compiló la Oficina de Información de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse son el triple de los casos que se tenían en el 2019.

Hace poco una pareja de hondureños con tres hijos pidió más tiempo a su favor para encontrar un abogado. Lo anterior con el objetico de que les ayudase a solicitar asilo, teniendo en cuenta que ellos no tienen los recursos todavía. La jueza Christina Martyak prorrogó por tres meses su petición y los remitió a la asistencia gratuita de la iglesia de Miami. “No contamos con el dinero”, dijo Rodríguez, de 23 años, a la jueza Martyak, quien ya les había concedido una prórroga por no tener abogado en una audiencia anterior. Este es uno de los ejemplos de casos que se estacan en los procesos judiciales estadounidenses debido a la migración.

Los casos para otorgar a los solicitantes de asilo la deportación a su país de origen o la admisión al país norteño, suelen demorar años. Por lo anterior los jueces estadounidenses temen a que la situación se torne peor, con los migrantes que continúan entrando al país. A la migrante peruana Mayra Cruz le concedieron también un aplazamiento de su caso, ya que su cliente no tiene abogado. “A veces ya las esperanzas se hunden…Pero aquí me he sentido más tranquila”, alegó la peruana. Esta mujer y su pareja huyeron con sus hijos por las amenazas constantes de las pandillas de su territorio.

El profesor de la Universidad de Syracuse, Austin Kocher refirió que el montón de casos incluye a migrantes que llevan décadas en los EE.UU. y que los retuvieron por otros cargos. Pero la gran mayoría son los solicitantes de asilo político que huyen de sus países y temen por su deportación. Unos 261.000 posee el tribunal de la ciudad de Miami, siendo el más complejo del país. Este dato se corresponde a lo que se tuvo pendiente hace una década atrás en todo el país.

Las personas que se detienen en la frontera se liberan y quedan pendientes sus casos ante el juez. Esa información se tramita desde el Departamento de Seguridad Nacional al Departamento de Justicia y la oficina ejecutiva de remisión de casos de inmigración retorna a los tribunales para que pueda agendarse una audiencia para iniciar el proceso de asilo. Muchos son puestos en libertad sin saber en qué condición lo hacen.

Randy McGroty, director ejecutivo de Catholic Legal Services de la Arquidiócesis de Miami comentó al respecto. «Simplemente están siendo liberados sin tener idea de lo que vendrá después”. Este centro les ayuda como hacer sus peticiones y presentarse a los jueces en su propia defensa. Miguel Mora, abogado supervisor de Servicios Legales Católicos en Miami manifestó que ellos los ayudan para que sepan que quieren los jueces saber. “Les ayudamos a entender qué quieren los jueces, y ayudamos a los jueces con la eficiencia y a preservar los derechos fundamentales”.

Los migrantes suelen pedir representación individual y a la vez necesitan obtener permisos de trabajos para poder sufragar los diferentes gastos. No obstante, esos permisos se les otorgan a quienes lleven 150 días con el asilo otorgados. Todo ello atenta contra la oportunidad de sus casos en la corte. La abogada Karen Musalo es abogada y dirigente del Centro de Estudios de Género y Refugiados de la Universidad de San Francisco. La misma explicó que lleva años que los inmigrantes se reúnan con sus familias, teniendo en cuenta el largo proceso que les espera .

A pesar de que los jueces en el último año completaron infinidades de casos, el presente que sigue creciendo acumula muchos más. Según Mimi Tsankov presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, el promedio de casos de los letrados es de 5.000 por juez. Agrega que duplicar el número de jueces a 1.400 sería una alternativa eficaz para el 2032. La secretaria de prensa de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, Kathryn Mattingly, reveló que se pidió al Congreso fondos para contratar unos 150 nuevos jueces para apaliar la situación.

El experto juez que ya se retiró, Paul Schmidt sugirió que los casos de asilos se resuelvan administrativamente sin que tengan que discutirse en la corte. “La situación ha empeorado progresivamente desde el gobierno de Obama, cuando realmente empezó a salirse de control”, señaló el juez. A mediados de 2010 muchas familias de Centroamérica fueron los principales migrantes a Estados Unidos por la frontera sur.

Sin embargo, administraciones estadounidenses que gobernaron después priorizaron algunas categorías de personas, las cuales pretendían resolver con más rapidez. Esto sigue sucediendo en la actualidad durante el gobierno de Biden.