En diciembre la ciudad de Miami Beach determinó quitar un muelle que servía para que las personas que residen en barcos en la Bahía de Biscayne pudieran salir en busca de alimentos y de agua. Un comisionado de la urbe alegó en ese momento que el propósito era «limitar la cantidad de acceso de las personas que viven en estos barcos que llegan al continente».
En el contexto actual las autoridades de la ciudad han suprimido otro sitio de entrada para aproximadamente 100 residentes que ubican sus veleros en Sunset Harbour, lo cual ha generado una intensa polémica entre el resto de la comunidad que señala que estas personas causan incomodidad y los habitantes de tales embarcaciones que han hecho énfasis en la vulneración de sus derechos civiles.
A finales del mes pasado fue aprobada con carácter definitivo por la Comisión de la Ciudad una nueva disposición que comenzó a surtir efectos este 3 de agosto, en virtud de la cual se estableció el uso exclusivo de la rampa para barcos en el Parque Maurice Gibb en Sunset Harbour por parte de los residentes de la urbe con el objetivo de «lanzar y recuperar embarcaciones no comerciales», prohibiéndose en consecuencia realizar en dicha zona maniobras de atraque de botes, aunque sea de forma temporal, así como el tráfico de pasajeros.
Con anterioridad a la implementación de la ordenanza en cuestión, existía la posibilidad de que los botes a motor atracaran en la rampa durante 20 minutos. Todavía se mantiene ese corto período de tiempo en un muelle flotante próximo a la misma pero solo para kayaks y tablas de remo.
La normativa prevé la imposición de severas multas: si la infracción es primaria el valor de la sanción pecuniaria es de $1,000, si se produce un segundo incumplimiento este asciende a $2,000 y en la tercera ocasión alcanzará los $5,000, siendo posible, además, que el infractor enfrente cargos criminales que contemplan hasta 60 días de prisión. Asimismo, la ordenanza instituye el remolque de la embarcación transgresora con carácter urgente y el costo para su rescate supera los $1,000 si el servicio lo presta una compañía privada.
Lo cierto es que la legislación ha provocado mucha angustia y temor entre los individuos cuyos hogares los constituyen embarcaciones, teniendo en cuenta que gran parte de ellos utilizaban la rampa Maurice Gibb para atar sus botes y efectuar acciones rápidas tras la eliminación en diciembre del muelle situado cerca de un Publix, en Dade Boulevard, alrededor de media milla de tierra adentro de Sunset Harbour.
Si bien los navegantes aún ostentan la facultad de mantenerse en la Bahía de Biscayne desde el punto de vista legal, el panorama para ellos se está tornando sumamente complejo y los hechos apuntan a que es muy probable que no puedan continuar con este modo de vida. En días recientes, algunos han optado por la ejecución de actos desmesurados para lograr arribar a la orilla.
Carlos León, fundador de la Asociación de Navegantes de Miami Beach, se ha enfrentado durante meses al Comisionado de la Ciudad David Suárez, exponiendo su oposición a las medidas adoptadas, las cuales tienen como fin último la expulsión de estas personas que viven a bordo de embarcaciones en las aguas de Miami Beach. El activista ha tenido que anclar su bote cerca del Parque Maurice Gibb y nadar hasta el muelle flotante en tanto su esposa y su perro se trasladan a través del empleo de una tabla de remo.
Un video enviado al equipo de Herald muestra a un agente encargado del cumplimiento de tales regulaciones cuestionándole a León su permanencia en la rampa por más de 20 minutos y ordenándole que se fuera.
En tal sentido, León expresó: «Puede que sea legal, pero ¿es humano?».
Elena Novikoka, quien ha residido durante nueve años a bordo de un barco en Miami Beach en compañía de su esposo y de su hija recalcó que ellos habían estado utilizando la rampa Maurice Gibb para dejar y buscar a los viajeros que salían a trabajar, así como para la realización de otras labores en la costa.
Sin embargo, con la restricción imperante en tal sentido, Novikova confesó que no tenía otra alternativa que atracar la embarcación a lo largo del Canal Collins infringiendo el orden legal y desplazarse hasta el malecón. Sin dudas esta situación ha originado disímiles inconvenientes a esta mujer que posee un empleo en tierra y cuya hija, de 28 años, nombrada Anastasia, padece de síndrome de Down.
Al respecto manifestó: «Ahora no tenemos espacio para que Anastasia vaya a la orilla de forma segura. A veces, simplemente tiene que quedarse en casa».
Suárez propuso en mayo la correspondiente inhabilitación en el Parque Maurice Gibb en aras de frenar el desarrollo de actividades comerciales en la rampa destinada a los barcos. En esa ocasión mostró un video en el que aparecían barcos inmersos en el traslado continuo de pasajeros un sábado, destacando que ello reflejaba la realización de «actividades de alquiler constantes, ilegales e inaplicables».
Es preciso aclarar que la utilización de la rampa por botes con fines comerciales está vedada desde el 2016.
En el encuentro efectuado por la comisión en mayo, Suárez comentó: «Esta rampa para botes estaba destinada a ser un embarcadero residencial, no un puerto deportivo, ni un estacionamiento, y ciertamente no un centro de recogida y entrega», refiriendo además que existen otros sitios a los cuales las personas pueden acudir para amarrar sus botes abonando las tarifas establecidas para ello. Igualmente, añadió: «Todos pagamos nuestro camino para vivir en Miami Beach”.
Sin embargo, León puntualizó en el marco de dicha reunión que la medida desataría sus nocivos efectos, fundamentalmente, sobre las personas que viven en las embarcaciones, indicando: «La consecuencia es que ahora no podemos llegar a tierra. ¿Dónde vamos a estacionar?».
Suárez no ofreció declaraciones al Herald sobre la nueva ordenanza. No obstante, durante presentaciones públicas y a través de las redes sociales insistió en que la permanencia de los residentes en barcos, a quienes califica como «ocupantes ilegales de embarcaciones», afecta los ecosistemas marinos mediante las anclas lanzadas por estos hacia el fondo para garantizar la estabilidad y evitar el desplazamiento de los botes, a la vez que propicia la contaminación de la bahía debido al vertimiento de residuos humanos y ocasionan molestias a quienes habitan en tierra con los ruidos emitidos y la basura arrojada. Asimismo, ha divulgado su gran inquietud en relación a las embarcaciones abandonadas en la bahía, las cuales muestran un deterioro progresivo.
Muchos de los navegantes se han defendido, resaltando su adecuado comportamiento y su interés por combatir las conductas negativas en el mar. Además, promovieron el despliegue de un operativo enfocado en detectar irregularidades asociadas al modo de eliminar los desechos de las embarcaciones a inicios del año en curso, el cual se llevó a cabo, registrándose solo dos citaciones de un total de 39 embarcaciones inspeccionadas.
También han reforzado su posición haciendo alusión a los datos aportados por la organización sin fines de lucro Surfrider Foundation que ponen de relieve que la acumulación de heces fecales en Sunset Harbour es inferior a la de la mayoría del resto de las áreas de la Bahía Biscayne.
Pero Suárez está recibiendo el apoyo de un grupo de residentes de Miami Beach, que abarcan las comunidades de vecinos de Sunset Harbour y West Avenue, entre otras que han se han pronunciado en contra de los navegantes que concurren a la costa en el extremo oeste de Lincoln Road.
La comisionada Laura Domínguez se opuso a las legislaciones propuestas para Maurice Gibb, votando en contra de las mismas en la primera etapa de análisis en mayo, surgiendo así preocupaciones en torno a la cuantía de las multas y a la previsión de penalizaciones para los navegantes que «viven legalmente en nuestras aguas».
No obstante, aclaró que a pesar de que inicialmente intentó arribar a un acuerdo con los navegantes a raíz de la remoción del muelle de Publix en diciembre, desde esa fecha pudo comprobar el intenso respaldo de los residentes hacia esta política en extremo radical, votando a favor de la ordenanza en su segunda lectura efectuada el 24 de julio.
En una entrevista ofrecida por Domínguez, esta afirmó: «Nuestros residentes en tierra han apoyado esta ordenanza, por lo que es difícil luchar por la gente en los barcos cuando la gente que paga impuestos a la propiedad, vota, está aquí día tras día y apoya esto con tanta pasión».
Asimismo, agregó: «Soy una persona compasiva. Me preocupo por la gente. Esta fue realmente, realmente difícil».
La aplicación rigurosa de las nuevas disposiciones ha generado que aquellos individuos que viven a bordo de embarcaciones se expongan a peligros tanto físicos como legales con el objetivo de arribar a tierra, los cuales incluyen el atraque ilegal de las mismas, su enmascaramiento en medio de matorrales, así como el ascenso de los navegantes por los malecones.
Con posterioridad a la eliminación del muelle ubicado cerca de Publix en Dade Boulevard en diciembre, las autoridades de la ciudad se encargaron de colocar nuevos carteles y cámaras de vigilancia para contribuir a que la prohibición de estacionar en malecones públicos fuese respetada.
Barbie Wynn, una bombera jubilada que reside en un bote en Miami Beach desde hace tres años, manifestó: «Me siento como si nos estuvieran persiguiendo».
Esta mujer reveló que un amigo la estaba llevando en un bote hacia el mentado lugar donde se hallaba el muelle cerca de Publix y que luego ella escala por el malecón para comprar alimentos.
También contó que las nuevas medidas han imposibilitado que trabaje a tiempo parcial como lo hacía antes en un TGI Fridays en Ocean Drive. Cuando quitaron el muelle de Publix hubo ocasiones en que salía tarde de su centro laboral y optaba por dormir en el de Maurice Gibb Park, pues no había nadie que pudiera ir a recogerla.
En relación al tema, expresó: «No tengo ningún lugar para estacionar mi bote. Es deprimente. Es doloroso. Te hace sentir como si estuvieras siendo discriminada».
Novikova, por su parte, recalcó que se siente «como una criminal» cuando trepa a diario por el malecón del Canal Collins para llegar a su trabajo, lidiando con las señalizaciones de «prohibido el paso» y con «guardabosques y cámaras por todas partes para captarnos».
Igualmente, alegó: «Cada vez que llego a la orilla, simplemente infrinjo la ley».
Un grupo de residentes a bordo de embarcaciones iniciaron en abril una campaña GoFundMe dirigida a la contratación de un abogado que estuviera dispuesto a interponer una demanda contra la ciudad basándose en «violaciones de la Ley de Derechos Civiles de 1964, varias leyes marítimas estatales» y en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Hasta el momento han recibido $10,000, pero el propósito es recaudar $25,000.
Además, trascendió el testimonio de Andrew Dively, quien estuvo viviendo en un barco en Miami Beach antes de trasladarse hace poco a Jacksonville. Según dicho sujeto las autoridades de la ciudad han desarrollado esta ofensiva valiéndose de la carencia de recursos financieros de los navegantes.
En tal sentido manifestó que la ciudad conoce «que las posibilidades de que los navegantes tengan suficiente dinero para luchar contra ellos en los tribunales son casi nulas». Además, añadió: «Su barco es una de las pocas cosas que les impide quedarse sin hogar en las calles de Miami».
En 2016 acaudalados propietarios de casas situadas frente al mar tuvieron serias confrontaciones con los navegantes que permanecían cerca de las islas Sunset, lo que conllevó a la prohibición de anclaje en determinadas zonas de Miami Beach, incluyendo las que estaban próximas a las islas Sunset y Venetian. Pero en aquel entonces se autorizó a los residentes a bordo establecerse en Sunset Harbour.
La propuesta inicial realizada a principios de este año contemplaba como ilícito el hecho de atracar a menos de 200 yardas de la costa, pero finalmente se desechó esta alternativa, de manera que en la actualidad anclar en Sunset Harbour es ilegal.
No obstante, los funcionarios de Miami Beach están trabajando con representantes del estado a los efectos de crear un espacio destinado al amarre que se regiría por ciertas normas, pero al menos no eliminaría la posibilidad de atracar en Sunset Harbour.
Dively cuestionó si efectivamente esa era la meta de la ciudad, alegando: «Un campo de amarre podría ser una solución humana si la ciudad fuera razonable con las tarifas. Pero ¿están tratando de construir un campo de amarre? ¿O simplemente están tratando de expulsar a los navegantes?».
