Todos los años las autoridades de inmigración liberan a cientos de extranjeros condenados por delitos, entre ellos homicidios, ya sea porque la Corte Suprema ha prohibido la detención indefinida o porque sus países de origen se niegan a aceptar su deportación después que jueces de inmigración han ordenado devolverlos.
Aunque la liberación de extranjeros con antecedentes penales ha sido práctica común desde que la Corte Suprema emitió su histórico fallo hace 15 años, esa práctica es ahora foco de atención nacional debido a que el presidente Donald Trump ha insistido en deportar a delincuentes extranjeros tan pronto como sea posible porque son un peligro para la comunidad.
Investigadores de la Comisión Judicial del Senado han recopilado evidencia que parece respaldar la afirmación de Trump. Un documento de la Comisión, que no ha recibido mucha publicidad, contiene información del Departamento de Seguridad Interna (DHS) sobre el número de extranjeros con antecedentes penales, la razón por la que fueron liberados, si las autoridades de inmigración han logrado deportarlos o si han cometido delitos adicionales tras ser liberados.
Una carta de la Comisión en que pide más información del Departamento de Justicia y los departamentos de Estado y Seguridad Interna dice que al menos 121 homicidios “podrían haberse evitado” entre el 2010 y el 2014 si la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) no hubiera liberado a 121 criminales extranjeros, lo que les permitió cometer más delitos.
“Este hecho inquietante viene del reconocimiento por parte del ICE de que de los 36,007 delincuentes extranjeros liberados por el ICE en el año fiscal 2013, 1,000 han sido condenados por delitos adicionales después de ser liberados”, según la misiva enviada en el 2015. También revela que 121 reos extranjeros fueron acusados de homicidio tras su liberación entre el 2010 y el 2014.
Defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que estudios sobre el tema no sustentan el culpar a los extranjeros de un aumento de la delincuencia. El grupo American Immigration Council (AIC) publicó en el 2015 un informe sobre los puntos sobresalientes de esos estudios.
“Durante más de un siglo, innumerables estudios han confirmado dos verdades simples pero poderosas sobre la relación entre la inmigración y la delincuencia”, expresa un análisis del AIC. “Los inmigrantes son menos propensos a cometer delitos graves o caer presos que los nacidos en Estados Unidos”.
Una herramienta que Trump ha sugerido para obligar a países reacios a aceptar la devolución de sus ciudadanos es la cancelación de visados a visitantes e inmigrantes de esas naciones. Esto no ha sucedido, pero Trump ha demostrado su disposición a actuar con fuerza a través de órdenes ejecutivas, como su decisión de prohibir temporalmente la entrada de refugiados e inmigrantes de siete naciones de mayoría musulmana.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó el domingo por la madrugada la petición del Departamento de Justicia para restablecer de inmediato la orden presidencial que restringe la entrada al país de esas personas.
La carta de la Comisión Judicial del Senado también señaló que en el 2014 el ICE liberó a 2,457 extranjeros con antecedentes penales debido a la decisión de la Corte Suprema. La mayoría son de 23 países descritos por el ICE como “recalcitrantes” porque rechazan la devolución de sus ciudadanos.
Según la carta, 1,183 de éstos son cubanos. El resto son ciudadanos de Afganistán, Argelia, China, Irán. Irak, Libia, Somalia y Zimbabwe, según el ICE.
Aunque Trump no ha amenazado con negar visas a ciudadanos de esos países, sí ha dado a entender que podría tomar esa decisión.
La carta de la Comisión señala que Estados Unidos puede ayudar a acelerar el proceso de deportación negando visas diplomáticas o cualquier otro tipo a ciudadanos de “países recalcitrantes que niegan o demoran la aceptación del regreso de sus nacionales con ordenes de expulsión”.
(Con información de el Nuevo Herald)
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