El Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba, dejó claro la expulsión de la profesora Dalila Rodríguez de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en una carta que recibiera la misma docente el pasado viernes, informó el portal 14ymedio.
La misiva está firmada por la asesora jurídica del Ministerio, Denisse Pereira Yero y por el jefe del Departamento Jurídico, Jorge Valdés Asán, con fecha del 9 de mayo, en respuesta a su pasada apelación, en contra de su presunta “mala influencia” para los estudiantes.
La mujer explicó al citado medio que los funcionarios no consideran una apelación al reclamo suyo, ya que “basta que se incurra en uno de los supuestos del artículo 74 inciso d) para que se pierda de manera directa la Categoría Docente”.
A la mujer de 33 años, residente en Camajuaní, cursante del doctorado en Ciencias Pedagógicas, con un Máster en Estudios Lingüísticos y Editorial, le fue otorgada una orden de despido de su cargo en la Facultad de Humanidades, emitida por el rector Andrés Castro Alegría y en la que se señala el artículo 74 del Reglamento que aplica a las Categorías Docentes de la Educación Superior, ya que no es considerada una “buena influencia para los estudiantes”, alegando, en aquella oportunidad, que su accionar no se corresponde con el de un profesor de su categoría y no puede ejercer la docencia porque “puede dañar la formación de los estudiantes”.
Según contó la profesora al medio informativo, la noticia la recibió con sorpresa y el argumento empleado para hacer valer la expulsión de esta era que no había logrado “subsanar un grupo de actitudes que se apartan en lo social y lo ético del correcto actuar docente educativo que exige su categoría docente, y que puede afectar la formación de los educandos”.
La mujer dejó por sentado que no hace parte de algún grupo opositor, ni asiste a eventos de independientes en la Isla.
La profesora indicó en su reclamo que el proceso estuvo pleno de irregularidades, ya que según el reglamento, el caso debe ser analizado con antelación por la comisión encargada de las categorías docentes y ofrecerle un plazo de siete días para apelar. No obstante, el recto tomó la decisión directamente y sin respetar los términos.
Alegó sentirse “totalmente desamparada, después de trabajar once años en esa universidad (…) ni siquiera han podido mostrar una sola prueba en (su) contra”.
Poco después de su despido, se originó la expulsión de Karla Pérez González, estudiante de periodismo, acusada de pertenecer al Movimiento Somos+ y “tener una estrategia desde el inicio del curso para subvertir a los jóvenes”.
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