Nuevo Decreto-Ley del del régimen en Cuba permitirá planificar apagones de más de tres días

Con el objetivo de hacer frente a la grave crisis energética que enfrenta Cuba el gobierno decidió echar andar un régimen de contingencia eléctrica que les permitiría realizar cortes eléctricos por más de tres días toda vez que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) no pueda cumplir con la demanda nacional. Este tipo de excepcionalidad es muy parecida a la que se utiliza en las constituciones de otros países y se conoce como estado de excepción, alarma o de sitio, en estos casos los gobiernos adquieren facultades especiales para enfrentar estas situaciones.

El objetivo de esta norma jurídica le da facultad al gobierno para fortalecer las medidas energéticas en un escenario eléctrico crítico donde los cortes han sobrepasado los tres días de duración como el que ocurrió el pasado mes de octubre cuando la principal termoeléctrica del país, la Antonio Guiteras salió de imprevisto del SEN dejando el país completamente a oscuras.

El Decreto 110 que publicó la Gaceta Oficial le otorga facultad al ministro de Energía y Minas proponer al Consejo de Ministros poner en práctica este régimen y la máxima dirección decidirá en un plazo no mayor a 48 horas si aprobarlo o no. En caso de aprobarse los órganos estatales deberán notificarse sobre la decisión tomada, así como los gobiernos provinciales y demás actores de la economía.

En el caso de la población deberá ser informada por la Unión Eléctrica a través de los canales y medios de comunicación masiva estatales. Los territorios serán los encargados de determinar cuáles serán los servicios que deberán detenerse en ese período siempre que no afecten de forma excesiva a la población en el horario de mayor demanda eléctrica.

Entre las medidas establecidas por el régimen cubano para disminuir el consumo de electricidad se encuentran las siguientes:

• Paralización de equipos de alto consumo: Se refiere a la desconexión de sistemas de refrigeración y hornos eléctrico en horario pico siempre que no afecten productos almacenados.
• Reordenamiento del bombeo de agua: En algunos territorios se reajustará con el fin de que no coincida con el horario de mayor demanda de la noche.
• Restricción en el uso de alumbrado público: Se empleará solo el alumbrado público necesario en función de la seguridad vial y los peatones.
• Reducción de iluminación: Las entidades estatales deberán emplear solamente el 50% de sus luminarias
• Apagado de los equipos electrónicos: En las entidades estatales deberán desconectarse los equipos del enchufe.
• Ajustes de los equipos en sistemas de climatización: Estos equipos deberán ajustarse a los 25°C o superiores a esta, excepto cuando las condiciones técnicas del mismo requieran lo contrario.

En el caso de que se incumplan estas medidas la norma posee un grupo de sanciones para los dos actores económicos en el caso de los privados las multas pudieran llegar hasta os 20 mil pesos moneda nacional, mientras que los responsables de las entidades estatales pagarán una multa de 5 mil pesos. Los que tienen la facultad para controlar e imponer estas multas serán los designados por los territorios además de los que designe la Unión Eléctrica.

El decreto que aprobó el gobierno de Díaz-Canel pretende además de supervisar y restringir el uso de la energía en el país evidencia la crisis energética de la isla que cada día se va agravando mucho más en gran parte motivada por la falta de combustible, el deterioro de las plantas de generación de energía entre otras condiciones.

Este escenario ya generaba preocupaciones entre los cubanos que ahora tendrán que volver a vivir a oscuras por más de tres días en caso de que el gobierno lo decida. Es inevitable que estas medidas afecten sectores esenciales como el abasto de agua o la producción de alimentos que inciden directamente en los residentes y que sin dudas aumentará el descontento de la población.

A pesar de que el régimen pretende demostrar que estas regulaciones están encaminadas a enfrentar la crisis energética también evidencia que el estado no es capaz de garantizar el funcionamiento del SEN a corto plazo. Como en todos los países la electricidad es necesaria para actividades de la vida cotidiana y la paralización de algunos servicios importantes serán obstáculos que tanto el sector privado como el estatal tendrán que ser capaces de sortear. Las sanciones a los infractores no estatales será otro de los desafíos que alimentarán más el descontento.

El nuevo decreto ley abarca una política más exigente sobre el control de la energía y a la vez evidencia la necesidad urgente de soluciones eficaces que garanticen una estabilidad en el servicio, de lo contrario los apagones en Cuba seguirán siendo una espina clavada que llevará siempre la economía cubana.