Este martes el presidente Donald Trump emitirá una orden ejecutiva que tiene como objetivo principal negar el acceso de los inmigrantes indocumentados a los beneficios previstos en la Ley de Seguro Social y fortalecer las medidas de seguridad ante el fraude en estos programas, de acuerdo con un comunicado que realizó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Entre los aspectos que establece el memorándum del presidente se encuentra la restricción de beneficios, el cual ordenará a las instituciones del gobierno implementar acciones que eviten que individuos no calificados, como inmigrantes sin autorización, obtengan recursos del Seguro Social.
Un segundo punto incluye la ampliación de investigaciones por fraude que va encaminada a reforzar el Programa de Fiscales Contra el Fraude de la Administración del Seguro Social, extendiéndolo a al menos 50 oficinas de fiscales federales en todo el país.
La orden ejecutiva también plantea la creación de un programa adicional centrado en el fraude relacionado con Medicare, que comenzará sus operaciones en 15 oficinas de fiscales estadounidenses.
Permite la realización de auditorías de ingresos sospechosos por parte de los inspectores de la Administración del Seguro Social, quienes se encargarán de analizar los reportes de ingresos de personas mayores de 100 años, entre los cuales existen irregularidades en los registros a fin de enfrentar el fraude de identidad.
El documento ordena que las Administraciones del Seguro Social evalúen la posibilidad de imponer sanciones financieras a aquellos que infrinjan las normas y cometan fraude, ya que esta medida ha dejado de funcionar hace unos años atrás.
Leavitt destacó que estos programas que se sustentan por los impuestos de los ciudadanos, por lo que deben destinarse únicamente a aquellos que satisfacen las condiciones legales correspondientes. Asimismo, arremetió contra la administración del expresidente Joe Biden, asegurando que durante su gestión gubernamental permitió la permanencia en el país de millones de migrantes ilegales y muchos de ellos obtuvieron ayudas gubernamentales a través del fraude.
La semana pasada se informó que la Administración Trump ha puesto en marcha una controvertida táctica para llevar a cabo su compromiso de aumentar las deportaciones en gran escala.
De acuerdo con un estudio divulgado inicialmente por The New York Times, más de 6,000 inmigrantes que contaban con un estatus de legalidad temporal el gobierno estadounidense los declaró muertos, lo que provocó la anulación de sus números de Seguro Social y la pérdida de su acceso a servicios financieros, beneficios del gobierno y oportunidades laborales.
Este procedimiento, catalogado por ciertos oficiales como un tipo de muerte digital, simboliza un aumento significativo en las políticas de migración implementadas por el gobierno. El objetivo, de acuerdo con informantes mencionados por CBS News, es evidente incentivarlos a regresar por su propia voluntad.
