
La reciente revocación del estatus de parole ha generado un fuerte debate en la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos, especialmente entre cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Esta medida, que entra en vigor el 24 de abril, podría tener consecuencias inmediatas, ya que el Departamento de Seguridad Nacional se reserva el derecho de tomar acciones contra aquellos considerados susceptibles de ser expulsados antes de que se cumpla el plazo de 30 días estipulado.
La congresista María Elvira Salazar ha manifestado su rechazo a esta decisión, culpando a la administración Biden por crear expectativas en estas comunidades que no se han cumplido. En su cuenta de Twitter, Salazar afirmó: “Trump está corrigiendo el desastre migratorio dejado por Biden. No hay duda de que el limbo legal que enfrentan hoy los cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses es consecuencia directa de las promesas vacías de la Administración Biden.”
Salazar subrayó que muchas de estas personas han huido de regímenes comunistas fallidos con la esperanza de encontrar libertad y oportunidades en Estados Unidos, solo para ser traicionados por políticas incoherentes y mal manejadas. También hizo un llamado al presidente Trump para que no castigue a quienes ingresaron bajo este programa de parole y que se les permita buscar alternativas para permanecer en el país.
El comunicado de la congresista ha suscitado reacciones encontradas. Algunos aplauden su esfuerzo por alzar la voz en defensa de los inmigrantes, mientras que otros critican que su publicación no tendrá impacto en las decisiones del gobierno. Sin embargo, Salazar no se ha limitado a las redes sociales; se espera que envíe una carta formal al Departamento de Seguridad Nacional y al presidente Trump, aunque hasta ahora no se ha confirmado dicha acción.
Es importante destacar que, aunque se ha mencionado que se retirará el estatus de parole a medio millón de personas, la situación es más compleja. De los 532,000 inmigrantes que ingresaron bajo este programa, muchos ya han logrado obtener residencia permanente o han iniciado el proceso para hacerlo. Aquellos que aún no cumplen el año y un día para permanecer legalmente en el país son los más vulnerables en esta situación.
Por otro lado, la situación para nicaragüenses, haitianos y venezolanos es más complicada, ya que no cuentan con una ley similar a la de los cubanos. Esto significa que aquellos que no han solicitado asilo o no tienen otra base legal para permanecer en el país enfrentarán la posibilidad de ser deportados en el plazo de 30 días.
La comunidad espera con incertidumbre la respuesta del gobierno y la eventual implementación de esta medida, mientras que Salazar continúa su lucha en defensa de los derechos de los inmigrantes.