Régimen cubano propone cambios en el pasaporte cubano mediante el nuevo Proyecto de Ley de Migración

Recientemente la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba lanzó dos nuevos proyectos de ley, uno de Extranjería y otro de Migración para «consultas con el pueblo» que deberán ser aprobados en el último mes del presente año cuando se vuelva a reunir el parlamento cubano. En el texto legislativo se explica que el pasaporte tendrá algunas modificaciones importantes de gran interés para los ciudadanos cubanos.

Sin embargo, algunos de los cambios ya vienen aplicándose desde julio del pasado año cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación caribeña indicó aumentar la validez del pasaporte y la eliminación de las prórrogas cada dos años que obligaba a los residentes en el exterior a entrar al territorio nacional obligatoriamente si no querían perder sus derechos como ciudadanos cubanos.

Según las autoridades cubanas la nueva tendrá como objetivo regular el proceso migratorio bajo una condición sistémica, asegurando una migración regular y ordenada. Con el fin de que los ciudadanos puedan «aportar sus opiniones o sugerencias y que exista una participación ciudadana» se habilitaron correos electrónicos, comunicacion@anpp.gob.cu y leyesdiie@rem.cu, así como el teléfono 18808.

A continuación, se enumeran varios cambios que se propone realizar al pasaporte cubano.

• Emisión del pasaporte: Este documento debe ser emitido por el Ministerio del Interior y para ello los ciudadanos deben presentar toda la documentación necesaria y pagar los aranceles correspondientes para su obtención.
• Obligatoriedad del pasaporte: Los ciudadanos cubanos para entrar y salir del territorio nacional deberán presentar el pasaporte cubano de forma obligatoria independientemente del objetivo de su pase por la frontera, de no ser así se considera ilegal su salida o entrada a Cuba.
• Control de pasaportes: Las autoridades migratorias tienen la facultad de controlar y verificar la validez en los puntos fronterizos de entrada al país y de existir irregularidades denegar la entrada o salida del mismo.
• Renovación y validez del pasaporte: Los cubanos mayores de 16 años de edad deberán renovar sus pasaportes cada diez años. En el caso de las personas con algún tipo de discapacidad y menores de edad deberán hacerlos dentro de los cinco años. Los que residan en el exterior podrán hacer estas renovaciones mediante las sedes diplomáticas existentes en sus países de residencia.

Varios medios de prensa oficialista se han jactado de explicar que el nuevo proyecto de Ley de Migración que se pretende aprobar por el parlamento en diciembre está sustentado en la Constitución de la República y cumplen con los requisitos de los tratados internacionales.

Con este nuevo proyecto de ley el régimen de La Habana está buscando sin dudas frenar la salida descontrolada y acelerada de sus nacionales por las fronteras como consecuencia de la grave crisis que enfrenta la nación. Una de las formas para frenar la salida de sus nacionales es la prohibición de personas supuestamente controladas por los órganos represores de la dictadura, dígase el MININT, las FAR o los tribunales judiciales, entre otros. También pretende el gobierno cubano oficializar el destierro de algunos ciudadanos.

Algo parecido sucedió hace algunos años cuando para salir del país la persona debía presentar en la frontera la llamada «carta blanca» que otorgaban las autoridades cubanas. Su eliminación en el año 2013 permitió a los antillanos poder salir del país sin tener que solicitar ese permiso, aunque si debe presentar el pasaporte válido y el visado en caso de ser necesario.

Otro punto clave en la nueva propuesta de ley es la denegación de entrada al país por diferentes causales como garantizar la Defensa, Seguridad Nacional o el Orden Interior, medidas dirigidas a controlar o combatir la propagación de epidemias, catástrofes u otras, así como otras personas que representen un peligro grave peligro para la ciudadanía.

Por otro lado, las denegaciones de salida pueden estar sujetas a que la persona esté pendiente al cumplimiento de sanciones penales, Servicio Militar Obligatorio, tengan obligaciones con el estado o responsabilidad civil, así como la necesidad del estado de preservar la fuerza de trabajo, entre otras.

No son pocos los que advierten que esta ley si se aprueba pondrá en aprietos a activistas y disidentes que residen en la isla para poder huir de la persecución estatal y política. Detrás de las supuestas razones de seguridad nacional estará sin dudas la represión de los activistas independientes que a diario buscan la emancipación y la exigencia de más libertades civiles y de expresión. Este debate del proyecto, aunque todavía no se aprueba como ley es un medidor del descontento social entre los ciudadanos y el poder autoritario sobre los derechos humanos.