Recientemente trascendió que el reporte federal sobre el derrumbe del condominio Champlain Towers South, acaecido en el 2021, en Surfside, Florida, que ocasionó la muerte de 98 personas, será revelado en el 2026 y no en el próximo año como inicialmente estaba previsto debido a una serie de demoras que se han suscitado en el marco de las averiguaciones en torno a las causas y circunstancias en que se produjo dicho siniestro.
De acuerdo a la información publicada el pasado 12 de septiembre por miembros de un equipo de investigación del Instituto Nacional de Normas y Tecnología, a la cual tuvo acceso el Nuevo Herald, en el contexto actual se están presentando un conjunto de retos vinculados a la realización de pruebas, adquisición de documentos e interrogatorios a testigos.
Al respecto la investigadora principal, Judith Mitrani-Reiser, señaló: «Desafortunadamente, hemos enfrentado demoras técnicas y programáticas que nos han obligado a ajustar nuestro cronograma».
Entre las dificultades de mayor envergadura se encuentran la partida de un integrante esencial del grupo geotécnico y los obstáculos existentes disponer de los registros del gobierno local.
La labor investigativa en cuestión incluye estudiar muestras de hormigón y conexiones en extremo vulnerables del edificio. Hasta el momento todas las acciones efectuadas en función de recrear un estado en virtud del cual se pueda imitar el deterioro del acero de refuerzo y verificar su resistencia.
Durante una reunión llevada a cabo hace poco tiempo, Pablo Langesfeld, quien perdió a su hijo y a su yerno en el colapso, mostró su enorme insatisfacción ante los atrasos, alegando: «No necesitamos más hipótesis. Necesitamos respuestas sólidas y concretas».
El pronóstico inicial era que el informe preliminar se diera a conocer en 2025, sin embargo hubo que incorporar ciertos cambios, de manera que este será publicado en la primavera de 2026, cinco años con posterioridad a la ocurrencia del desastre en cuestión.
El equipo encargado de hacer las indagaciones pertinentes, integrado por decenas de ingenieros y expertos, está inmerso en el desarrollo de un profundo análisis sobre el derrumbe que contempla la evaluación de más de 1,000 porciones pequeñas de materiales que se hallaban en el lugar.
Glenn Bell, uno de los líderes de la investigación, aclaró que se trata de un proceso sumamente engorroso e hizo énfasis en que tanto él como el resto de los involucrados seguirán esforzándose al máximo en aras de obtener resultados precisos y de ofrecer consejos útiles que coadyuven al reforzamiento de la seguridad de los condominios en Miami.
El informe final saldrá a la luz a finales de 2026 y se permitirá que el público emita sus consideraciones sobre el borrador.
El año pasado en una presentación llevada a cabo para exponer los avances alcanzados en el esclarecimiento de la tragedia, el profesor de la Universidad de Cornell, Ken Hover, miembro además de la investigación federal, destacó que «la principal hipótesis» acerca de la causa del colapso apuntaba a la producción de fallas por punzonamiento en la plataforma de la piscina.
En esa ocasión Hover también recalcó que no se habían encontrado evidencias que indicaran la ocurrencia de una explosión o de un accidente en el área de estacionamiento.
Como parte de las acciones investigativas los peritos han interrogado a decenas de testigos, han examinado registros públicos, así como documentos que contienen detalles sobre la construcción del edificio y que datan de hace cuatro décadas, han realizado numerosas pruebas con los materiales utilizados para la edificación de la torre y han diseñado distintos modelos para ilustrar las posibles fallas estructurales del condominio, en correspondencia con lo señalado por Telemundo 51.
Lo cierto es que el edificio, cuya construcción se remonta a 1981, había sido objeto de reportes por desgastes en su estructura y precisamente tres años antes de su derrumbe un ingeniero había alertado sobre la existencia de «graves daños estructurales».
En el 2022 un juez determinó el desembolso de más de $1,000 millones en concepto de compensación a favor de las personas afectadas por la tragedia.
