La ciudad de Doral votó el miércoles a favor de asociarse con ICE para la aplicación de la ley de inmigración. El voto fue colectivo, sin embargo, hay un grupo en la ciudad, en su mayoría de origen hispano, que no está de acuerdo. El alcalde menciona que la elección resultó complicada desde un punto de vista ético, pero al final, el consejo manifestó que respaldó la aplicación de la normativa.
«Creo que la idea errónea es que nuestro departamento se va a convertir en agentes de inmigración. Eso no es lo que va a pasar aquí», dijo Christi Fraga alcaldesa de Doral.
El miércoles por la noche, la municipalidad dio luz verde a una resolución que permite a la ciudad colaborar con ICE mediante un programa federal denominado 287(g). Esto faculta a los agentes de policía locales para llevar a cabo tareas específicas relacionadas con la inmigración.
El jefe de la policía, Edwin López manifestó que la prioridad de los agentes no será cuestionar a los individuos acerca de su situación migratoria. «Durante el curso de nuestras investigaciones, donde hay actos criminales extremos o cualquier cosa relacionada con ese asunto, si durante nuestro proceso de investigación sale a la luz que esta persona está en nuestro país ilegalmente, eso puede ser cargos adicionales que esa persona puede enfrentar», comentó el alto oficial.
Aún no se ha concretado un contrato oficial con ICE. Sin embargo, los integrantes del consejo afirman contar con la autorización tanto estatal como federal para colaborar. Fraga comentó que la decisión es firme, ya que cumplir con la legislación es un deber que los atañe. «Aunque no creamos la ley, es una responsabilidad respetarla».
La población de Doral está constituida en gran parte por personas que han migrado. Más del 70% de los habitantes provienen de otros países, y de ese grupo, más de un tercio es originario de Venezuela.
Un habitante opuesto a la resolución expresó: «La decisión de la ciudad de Doral de alinearse con ICE marca un cambio peligroso, uno que amenaza la seguridad, la dignidad y la confianza de las mismas personas que construyeron esta comunidad».
La gran parte de los asistentes que se expresaron durante la reunión se opusieron a la resolución, argumentando que los venezolanos y otros inmigrantes estarán en constante temor.
En este momento, la ciudad enfrenta la amenaza de transformarse en un entorno aterrador, donde tareas como ir al trabajo, recoger a un hijo de la escuela o denunciar un crimen podrían resultar en arrestos o deportaciones, comentó otro habitante. Ciudades como Miami Spring, West Miami y Hialeah también han empleado esta medida.
