El próximo 18 de noviembre Maritza Ocaña de 39 años quien está acusada por ingresar de forma ilegal 102 mil dólares desde Cuba a Estados Unidos debe comparecer ante un tribunal federal de Tampa, Florida para recibir el veredicto final del juez. Un portavoz de la fiscalía del Distrito Central de Florida confirmó al sitio Café Fuerte que la audiencia debe realizarse a las 10:00 am ante la jueza Kathryn K. Mizelle.
A inicios del mes de febrero del presente año las autoridades sorprendieron a la cubana intentando introducir grandes cantidades de dinero después de pasar algunos días en Cuba. Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU (CBP) realizaron un chequeo de rutina en el Aeropuerto Internacional de Tampa y esta declaró que solo llevaba 10.000 dólares en su poder, pero después de un chequeo posterior a su equipaje las autoridades demostraron todo lo contrario.
En un comunicado de prensa en aquel momento se detalló que los oficiales habían encontrado en paquetes envueltos 102 mil dólares en efectivo. En el proceso de interrogatorio la acusada le confesó a los federales que ha viajado en diferentes oportunidades con la finalidad de contrabandear dólares de Cuba a Estados Unidos sabiendo que cometía un crimen federal, en el anuncio se explicó además que la mujer se declaró culpable por el delito.
Maritza afirmó que en los viajes que realizó a los Estados Unidos para entrar dinero ilegalmente recibía aproximadamente entre 1000 y 2.500 dólares. Se calcula que la mujer entró desde mayo del pasado año hasta su arresto el 5 de febrero un total de 45 ocasiones en las que afirmaba que necesitaba ver a sus familiares y bajo presuntas actividades comerciales.
En un primero momento Ocaña valoró la idea de negociar con las autoridades un acuerdo que le permitiera reducir su condena, pero después desistió de la misma. “Después de hacer un balance de las directrices y las estrictas exigencias del gobierno, consideramos que no era necesario un acuerdo de colaboración”, dijo su abogado defensor Juan C Mercado.
Las actividades delictivas de Ocaña pueden tener consecuencias como años de prisión, aunque según Mercado esta pena puede reducirse si se tiene en cuenta que no tiene antecedentes penales y este delito en particular puede cometerlo cualquiera por error. “Creo que todo el mundo puede entender que este caso se trata de una persona que no declaró el dinero que traía consigo. Ese es su único delito”, alegó el eltrado.
Los federales creen que el contrabando de dinero pudiera estar relacionado con otras personas y para ello están dirigiendo sus investigaciones. En medios independientes y redes sociales se crearon versiones de supuesta relación de Ocaña con el destituido viceprimer ministro cubano y ministro de Economía Alejandro Gil Fernández quien al parecer está vinculado al fenómeno de la corrupcion.
“Mi clienta no tiene absolutamente ninguna conexión con el gobierno cubano y es muy injusto haberla vinculado a un funcionario en Cuba. No hay nada de eso en este caso», aclaró Juan. Ocaña se declaró culpable el pasado mes de agosto y desde ese momento los ojos están puestos en la decisión que tomará Kathryn K. Mizelle.
El equipo de Investigaciones de Seguridad presentó el caso ante Michael J. Buchanan quien es fiscal federal adjunto y este subrayó que la acusada cometió graves errores, por tanto enfrenta cargos de contrabando y conspiración con una persona no identificada para transportar dinero ilícito a EE.UU.
No se tiene preciso si durante la investigación existió alguna colaboración entre las autoridades estadounidense con las cubanas. Ambos países a partir del 2015 tienen protocolos de intercambio de información que permite enfrentar este tipo de conductas delictivas, así como tráfico de drogas, contrabando de personas, falsificación de documentos y otros temas de interés para ambos gobiernos.
Según las leyes estadounidenses un viajero puede entrar al país cualquier cantidad de instrumentos monetarios (cheques de viajero, letras de cambio etc.), pero si excede la cifra de los 10.000 dólares debe declararlo a las autoridades migratorias.
Lo anterior tiene como objetivo evitar el contrabando de dinero y otras actividades delictivas. Quienes declaren que poseen más de esa suma pueden esperar que los oficiales investiguen la procedencia del dinero para establecer si guarda relación con otro crimen. La declaración no solo se realiza a la entrada al país, sino cuando sale la persona también. De no declarar las cantidades correctas, como en este caso, la persona puede verse involucrada en un proceso penal con graves consecuencias, dígase la confiscación del dinero, así como otras multas.
