Varios propietarios de clínicas en Miami y algunos empleados fueron sentenciados a varios años de cárcel por su papel en un esquema de fraude a los servicios de salud según un comunicado del Departamento de Justicia.
Según los registros judiciales, los acusados reclutaron y pagaron a los beneficiarios de los planes de seguro médico de Blue Cross Blue Shield (BCBS), y luego facturaron a BCBS por servicios que la clínica nunca brindó o que no eran médicamente necesarios. Los dos propietarios de la clínica también utilizaron el negocio, Polyclinic Healthcare Corp., para obtener de manera fraudulenta fondos de ayuda por el COVID-19.
Según la evidencia presentada ante el tribunal, la conspiración de fraude de facturación resultó en más de $8 millones en reclamos falsos presentados a BCBS. La mayoría de las reclamaciones fueron por tratamientos de fisioterapia innecesarios o que nunca se proporcionaron, como estimulación eléctrica, terapia de ultrasonido y ejercicio terapéutico, así como por equipos médicos duraderos.
Además, la evidencia mostró que en 2021 los propietarios de la clínica solicitaron un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de $607,585, así como un Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL) de $500,000 de la Administración de Pequeños Negocios de EE. UU. (SBA). Como resultado, los acusados recibieron más de $1 millón a través de estos programas de ayuda de COVID-19, robando dinero destinado a pequeñas empresas legítimas que sufrían los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19.
Los acusados y sentenciados fueron:
- Carlos Rafael Saez Dorta, de 42 años, (propietario de la clínica) fue sentenciado a 135 meses de prisión luego de un juicio con jurado, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $4,434,069 en restitución;
- Verónica Ramos Hernández, de 35 años, (propietaria de la clínica) fue sentenciada a 135 meses de prisión luego de un juicio con jurado, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $4,434,069 en restitución;
- Michael Burrowes, de 43 años, (reclutador de pacientes) fue sentenciado a 46 meses de prisión luego de una declaración de culpabilidad, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $73,116.61 en restitución;
- Dianelis García Álvarez, de 41 años, (gerente de la oficina) fue sentenciada a 35 meses de prisión luego de una declaración de culpabilidad, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $357,256 en restitución; y
- Deandre Mitchell Gabriel, de 33 años, (reclutador de pacientes) fue sentenciado a 24 meses de prisión luego de una declaración de culpabilidad, tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar $30,810 en restitución;